Las Comunidades Autónomas ahorran 65.180 euros al año por cada oficina en el exterior que integran en la red exterior del Estado, según las cifras aportadas este martes en el Congreso por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, que cuando llegó al cargo se encontró con 166 de estas 'embajadas' autonómicas.

La integración de las oficinas autonómicas en las Embajadas y oficinas comerciales del Estado también supone un ahorro de 8.813 euros para la Administración General del Estado, ya que el Gobierno autonómico paga al Estado el alquiler del despacho que ocupen en la Embajada u oficina comercial a la que se muden.

Así lo ha desvelado el ministro en su defensa del proyecto de Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado, que pasaba esta tarde su primer examen en la Cámara Baja.

El texto incluye en su articulado la oferta, puesta en marcha ya con la mayoría de las CCAA, salvo Cataluña, País Vasco y Baleares, de que integren sus oficinas en el exterior en la red exterior del Estado.

La oposición denuncia afán de control

Después de que el PSOE, los nacionalistas de CiU, PNV y BNG, los independentistas de Esquerra (ERC) y Amaiur y el grupo de la Izquierda Plural hayan pedido al Gobierno que retire el proyecto al entender que rezuma un afán "innecesario" de controlar y limitar la actividad de las CCAA en el exterior, el ministro se ha ofrecido a "mejorar" la ley en el trámite parlamentario.

Incluso se ha mostrado abierto a estudiar la posibilidad de convocar alguna reunión entre el Gobierno y los presidentes de las Comunidades Autónomas para hablar de la acción en el exterior.

El ministro ha justificado la urgencia de sacar adelante el proyecto para, entre otras cosas, "encajar" la actividad de las CCAA en el exterior de manera que no vaya en contra de los principios de política exterior que define en exclusiva el Gobierno.

Un "enorme desorden"

La falta de un marco conceptual explícito que coordine la actividad en el exterior, no solo de las CCAA, sino también de los ayuntamientos, los distintos Ministerios, los organismos constitucionales y todas las instituciones que de ellos dependen ha provocado en su opinión un "enorme desorden".

Cuando el ministro asumió la cartera de Exteriores, se sorprendió al comprobar que las CCAA tenían un total de 166 oficinas en el exterior, habían hecho 931 viajes al extranjero y habían firmado 277 memorandos de entendimiento (declaraciones de intenciones) con sujetos internacionales cuya calificación por parte del Gobierno "ha sido imposible de realizar".

El proyecto de Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado pretende "poner un cierto orden para que esto suene como una orquesta afinada" y para que esta acción exterior "no sobrepase sus límites" invadiendo la política exterior, competencia exclusiva del Ejecutivo. "Todo lo que la ley dice en materia de CCAA tiene un tono de mano tendida", ha insistido.

No lo ve así CiU, PNV, ERC, el BNG ni Amaiur. Para el diputado de CiU Jordi Xuclà la ley mira con "prejuicio" la acción exterior de las CCAA y se ha quejado de que el proyecto aspire a implantar una "coordinación jerárquica" con las autonomías y no haya querido entrar en el "desorden descomunal" que supone que los consejeros de algunos Ministerios en el exterior cobren más que el propio embajador.

También ha acusado al ministro de ejercer un "populismo impropio" cuando afirma que una autonomía es libre de decidir en qué gasta sus recursos, si en abrir oficinas en el exterior o "ambulatorios o escuelas" porque, afirma Xuclà, las oficinas de la Generalitat en el exterior buscan el desarrollo económico de esta comunidad.

Pnv mira al modelo alemán

Por parte del PNV, el diputado Aitor Esteban avanzó que su grupo presentará enmiendas parciales para mejorar el texto y se ha referido al modelo alemán como ejemplo, donde existe un nivel de confianza suficiente que permite que los lander no tengan que informar al Gobierno central de sus viajes y pueden, con autorización del Ejecutivo central, firmar acuerdos con Estados soberanos.

Esteban ha llamado a modificar el artículo 23 de la ley porque, ha defendido, una CCAA no tiene por qué estar sujeta a la Ley de Cooperación del Estado, y mucho menos al Plan Director de Cooperación, que prepara en exclusiva el Gobierno.

La política de cooperación, NINGUNEADA

Tanto PNV, como CiU, el PSOE e Izquierda Unida han lamentado que el proyecto de ley apenas haga referencia a la política de cooperación y suprima la obligación actual del Gobierno a presentar a las Cortes un Plan Anual de Cooperación.

El ministro se ha mostrado dispuesto a recuperar el Plan Anual si así lo piden los grupos. El Grupo Socialista y la Izquierda Plural también han lamentado la falta de diálogo con la que se ha preparado la ley y el escaso papel que, en su opinión, el proyecto reserva a las Cortes.

El representante de IU Joan Josep Nuet le ha pedido al ministro que "no encienda el debate territorial", mientras que el socialista Alex Sáez le ha acusado de "ningunear la política de cooperación".

Sáez ha subrayado que el grueso de la Carrera Diplomática también tiene una "opinión negativa" de la ley y ha criticado que el ministro no incorporara las observaciones que el Consejo de Estado hizo al proyecto de ley antes de aprobarlo en Consejo de Ministros.

El diputado del PSC ha animado al ministro a retirar el proyecto de ley y convocar un grupo de trabajo con los distintos grupos parlamentarios para elaborar un nuevo texto que no sea "impuesto" como éste.

El ministro le ha respondido que ha incluido en el texto hasta 15 observaciones del Consejo de Estado, las que ha creído convenientes, y ha defendido que el texto se sometió a debate interno entre Ministerios, con las diversas fuerzas políticas y que ha tenido en cuenta las opiniones al respecto de sus antecesores en el cargo, que también intentaron sin éxito sacar adelante una ley del servicio exterior.