La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha citado a declarar el próximo día 23 de diciembre a dos exsecretarias del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, las cuales habrían tramitado distintas ayudas que se están investigando pese a conocer las "irregularidades" existentes.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, "rectifica" su propio auto del pasado 4 de octubre, en el cual aceptó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se citara a declarar a María Ángeles Gala y a Rocío Sayago, aunque en la parte dispositiva finalmente no citó a ninguna de ellas y sí a otros siete imputados.

De este modo, la juez recuerda que, conforme al artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, "los jueces y tribunales no podrán variar sus resoluciones una vez firmadas, pero sin embargo permite rectificar errores materiales manifiestos o errores aritméticos que se hubieran podido cometer, rectificación que puede tener lugar en cualquier momento".

La juez imputó a ambas en junio de 2012, y en el caso de María Ángeles Gala destaca que fue responsable de la secretaría de la Dirección General de Trabajo entre el 1 de enero de 2000 y el 24 de abril de 2009, fundamentalmente en la época de Guerrero, que fue responsable de esta Dirección General hasta el 28 de abril de 2008.

De este modo, añade que Gala "tramitaba" los expedientes en una tarea en la que colaboraba con ella Rocío Sayago, de manera que "preparaba resoluciones y órdenes de pago y tuvo presuntamente que conocer por razón de su trabajo la total ausencia de procedimiento de numerosos expedientes, el sistema de pagos cruzados, la acumulación de ayudas a las mismas empresas y la concesión supuestamente arbitraria de ayudas sociolaborales, ya mediante intrusos ya mediante la concesión de ayudas individuales".

Concretamente, añade la instructora, Gala "era amiga" de José Luis Llorente Herrero, incluido como 'intruso' en la empresa 'Aglomerados Morell' a pesar de que nunca había trabajado en la misma, a quien "facilitó presuntamente una entrevista con Guerrero y el contacto con Juan Lanzas" para la concesión de la ayuda referida.

En relación a Rocío Sayago, la juez dice que la misma estuvo en la secretaría de la Dirección General de Trabajo desde 2003 a marzo de 2011, de manera que "fue tramitadora de los expedientes de ayuda" junto a Gala "y en la época" de Guerrero, por lo que, por razón de su trabajo, "conocería todas las irregularidades antes reseñadas en los expedientes de concesión de ayudas".

Dice la juez que Sayago "influyó" supuestamente para que la empresa de su marido y de su cuñado —Coflosur— recibiera una ayuda directa de 60.000 euros por parte de Francisco Javier Guerrero.