Diez víctimas de violencia de género, en huelga de hambre: "La justicia no hace nada"

  • Diez mujeres de la asociación gallega Ve-laluz inician una huelga de hambre indefinida para reclamar "medidas reales" de protección a mujeres y menores.
  • Piden "que se suspendan las visitas" de los agresores a los hijos menores "cuando haya indicios" de violencia de género; y que los jueces apliquen la ley.
  • Representantes del BNG y del PSOE gallego ya las han visitado.
  • 016 : teléfono de ayuda contra la violencia doméstica (no deja rastro en la factura).
Cuatro de las diez mujeres pertenecientes a la asociación gallega para la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género Ve-la Luz.
Cuatro de las diez mujeres pertenecientes a la asociación gallega para la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género Ve-la Luz.
EFE/Cabalar
Cuatro de las diez mujeres pertenecientes a la asociación gallega para la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género Ve-la Luz.

Son diez mujeres, pero representan a "muchas más". Tienen entre 35 y 40 años y entre ellas se encuentra la madre de un maltratador; y también su nuera. Pasadas más de 15 horas desde el inicio de su huelga de hambre indefinida en un local de A Coruña, cerca de la Audiencia Provincial, solo han ingerido café y bebidas isotónicas. Todas, y sus hijos, son víctimas de malos tratos.

Forman parte de Ve-laluz, una asociación gallega de violencia de género y abusos que pide con esta acción que se aplique la ley, "que se adopten medidas reales" que protejan a mujeres y a menores de los agresores en casos de este tipo, explica al otro lado del teléfono a 20minutos Gloria Vázquez, presidenta de esta asociación que empezó su actividad en 2009 en la localidad de Sada.

Dos de las mujeres han tenido que salir esta mañana "a trabajar" y muchas ya notan en su cuerpo los efectos de la falta de sólidos. "Son muchos años aguantando", dice Vázquez. Lo suyo es un "Basta ya": protestan, dice casi sin hacer pausas en su relato, porque existe una "desprotección jurídica y económica" de las víctimas de violencia de género que afecta en muchos de los casos a los niños de la pareja.

Piden que "cuando haya indicios de malos tratos no haya visitas del agresor a los menores, que se suspendan", dice con vehemencia, y añade, para que no acaben "asesinados o secuestrados". Cita entonces el reciente caso de una mujer de Betanzos —"aún no sabemos nada"— que ha denunciado el secuestro de sus dos hijas por su expareja, que se las habría llevado a Reino Unido sin consentimiento.

"La justicia no hace nada", dice Vázquez, que insiste en que no hace falta cambiar la legislación, sino cosas como que haya que acudir a la vía civil cuando las mujeres "quieren hablar de los niños" o que haya, según sus palabras, "un 64% de sobreseimientos en las denuncias a nivel estatal, el 57% a nivel autonómico". El pasado año, ella misma se reunió "en Génova" con una representante del PP, que le dijo que "no había medios".

Recortes y "negocios paralelos"

Según datos del Consejo General del Poder Judicial sobre Violencia contra la mujer, en el segundo trimestre de 2013 llegaron 31.494 denuncias a los juzgados de violencia sobre la mujer, el 60,57% de ellas junto a atestados policiales; un total de 3.961 víctimas renunciaron al proceso. En total, en los juzgados españoles —violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales—, se dictaron entre abril y junio 12.668 sentencias, el 59,28% de ellas condenatorias y el 40,72%, de carácter absolutorio.

Tanto las mujeres como los menores en casos de violencia de género —"son un pack", recuerda Vázquez— "tienen derecho a tener una vida libre de violencia", afirma. Denuncia que hay mujeres que en un mismo año tienen que acudir "a 30 o 40 juicios" de faltas, "como si fueran delincuentes", o que agresores "con sentencia firme ostentan la custodia" de sus hijos. La presidenta de Velaluz dice que "esto pasa en toda España".

La huelga de hambre, asistida por un par de médicos, tiene también como objeto recordar que en la Xunta se ha reducido la asistencia psicológica a víctimas, que el llamado "salario da liberdade", de 600 euros, se ha congelado y que desde enero esas víctimas no pueden acceder al programa de alquiler. Hace falta prevención y mucha más "formación", repite en varias ocasiones.

Vázquez, que reclama reuniones con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la Fiscalía gallega, los partidos y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la abogacía, duda sobre si sus reivindicaciones serán escuchadas. Cree que "hay demasiados negocios paralelos" alrededor de la violencia de género "que viven de los presupuestos, como los puntos de encuentro", explica.

Por el momento han visitado a las diez mujeres representantes del BNG, el PSOE gallego y de algunas asociaciones. El local en el que se encuentran ha sido cedido por un particular, "para que no estemos en la calle". Vázquez termina diciendo que su asociación no recibe ningún tipo de ayuda pública. ¿Cuánto aguantarán? No lo sabe, aunque es posible que las que hoy han ido a trabajar "caigan antes".

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