La juez Alaya cita a declarar como imputadas este miércoles a dos 'intrusas' en el ERE de Hitemasa

La juez de Sevilla que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha citado a declarar este miércoles en calidad de imputadas a dos 'intrusas' en Hitemasa, en concreto María Nieves Ruiz y María José Martínez Elvira, según una providencia consultada por Europa Press.

La juez de Sevilla que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha citado a declarar este miércoles en calidad de imputadas a dos 'intrusas' en Hitemasa, en concreto María Nieves Ruiz y María José Martínez Elvira, según una providencia consultada por Europa Press.

Inicialmente, la magistrada Mercedes Alaya había citado a ambas para este próximo jueves, pero finalmente decidió adelantar las comparecencias al miércoles debido a que su abogado tiene que recoger el día 17 de octubre la Cruz al Mérito de la Abogacía, lo que le imposibilitaba defender a sus patrocinadas.

Asimismo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla tomará declaración este jueves al exviceconsejero de Empleo de la Junta Justo Mañas y a dos 'intrusos' en el ERE de Dhul S.L., como son Ángeles Sierra y Carmelo Cruz, ambos cuñados del exsindicalista de UGT y 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, quien a fecha de hoy continúa en prisión.

Justo Mañas, que fue viceconsejero de Empleo entre el 1 de abril de 2010 y el 10 de mayo de 2012, fue imputado el pasado mes de junio junto a otros 19 cargos o exaltos cargos de la Junta, entre ellos la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

En este sentido, y en el auto por el que le imputó, la juez señaló que durante el año 2010 "se prescinde" en el presupuesto andaluz "del uso de la partida de transferencia de financiación a la agencia IDEA, y se tramitarían las subvenciones del programa 31.L —conocido como 'fondo de reptiles'— con cargo a una nueva partida presupuestaria que exigía el cumplimiento de la normativa de subvenciones y fiscalización previa".

"Sin embargo", asevera la juez, "el procedimiento de gestión de esa partida seguido por la Consejería de Empleo —encomienda de gestión de 27 de abril de 2010—, así como el de fiscalización aplicado por la Intervención Delegada en dicha Consejería, fue el mismo que se venía aplicando a las transferencias de financiación".

El caso ERE acumula ya 133 personas imputadas, de las que 31 están citadas a comparecer ante la juez desde este miércoles y hasta el próximo mes de enero.

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