Los asuntos ingresados en el orden contencioso-administrativo en los juzgados de Baleares han caído un 36,1 por ciento durante el primer trimestre del año, coincidiendo con la entrada en vigor de las nuevas tasas judiciales, que fueron poco después reformadas. A nivel nacional, la caída de estos recursos ha sido del 22,9 por ciento.

Así se desprende de una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, dirigida al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, donde se ofrece una variación entre los asuntos entrantes en el primer trimestre del año y los de 2012 y que refleja este descenso del 36,1% en las islas, la cuarta caída más pronunciada del país.

Según revela el Gobierno, el número de asuntos ascendió a los 34.700 durante el primer trimestre del pasado año y se redujeron hasta los 26.754 en el mismo periodo de 2013, lo que representa una disminución del 22,9 por ciento.

Las comunidades donde fue más pronunciada esta caída fueron Murcia (-50,3%), Ceuta (-49,3%), Madrid (-36,9%), Baleares (-36,1%), Cantabria (-33,9%). En el extremo opuesto, se encuentra Extremadura (-5,2%), Cataluña (-5,3%) y el País Vasco (-16,8%). El Gobierno precisa que el total de asuntos a nivel nacional incluye los ingresados en órganos centrales, no atribuibles a ninguna Comunidad o provincia.

Los asuntos no aumentaron en ningún territorio

Las cifras ponen de manifiesto que los asuntos ingresados en la vía de lo Contencioso no aumentaron en ningún territorio en el periodo en el que se estrenaron las nuevas tasas impulsadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Estos gravamenes entraron el pasado diciembre en vigor con subidas de entre 50 y 750 euros, introduciendo por primera vez el pago en el orden Social y un coste de hasta 1.200 euros en recursos ante el Tribunal Supremo en la vía civil y contencioso-administrativa.

Dos meses después, el Gobierno aprobó un decreto-ley que modificaba la Ley de Tasas Judiciales reduciendo en un 80 por ciento el tramo variable de las tarifas que se impone según el objeto del litigio.

La reforma tuvo lugar después tras escuchar las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que había recibido la queja de abogados, sindicatos y consumidores pidiéndole que recurriera la Ley de Tasas ante el Tribunal Constitucional. Finalmente, fue el PSOE el que ha recurrido la norma ante el Alto Tribunal.