Vic empezó a informar el lunes a la delegación del Gobierno de los inmigrantes que empadrona en situación irregular.

El consistorio justifica la medida amparándose en las palabras de la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, quien afirmó que la Directiva de Regreso, en vigor en diciembre, obliga los países a expulsar o regularizar a los extranjeros sin papeles. Juristas y entidades advertían de que se puede vulnerar la protección de datos e incurrir en prevaricación.

El alcalde de Vic, Josep Maria Abadal (CIU), reconoce que los inmigrantes irregulares que reclamen empadronarse se encontrarán en una "situación perversa". En declaraciones a TV3, atribuye el hecho a que el sistema está "mal montado, pero si los derechos son universales, no debería ser obligatorio empadronarse para acceder a la sanidad y educación". El Ayuntamiento calcula que el 2 o 3% de los nuevos empadronamientos son de personas en situación irregular, unos cinco o seis casos mensuales.

La Generalitat ha vuelto a rehusar la iniciativa y ha acusado a CIU de tener la "tentación" de utilizar la inmigración irregular para obtener réditos electorales. El presidente catalán, José Montilla, ha pedido "la aplicación de las leyes vigentes". Y la Secretaría de Inmigración ha recordado que el padrón sirve para "conocer la población real que vive" en un lugar y no para "controlar la situación administrativa de las personas".

Por su parte, el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo en Catalunya), Rafael Ribó, ha asegurado que la ley obliga los ayuntamientos a empadronar los inmigrantes sin papeles y que es la Agencia de Protección de Datos quien debe examinar la decisión de Vic. El PPC presentará mociones a los ayuntamientos para que comuniquen las situaciones irregulares reveladas por el padrón.