El Tribunal Constitucional de Portugal consideró ilegal la ley que facilita la salida de funcionarios por violar la garantía del empleo y el principio de confianza y fuerza así al Gobierno a buscar otra alternativa de ahorro para reducir el peso de los funcionarios, como pide la troika. La norma, aprobada en el Parlamento a finales de julio por las fuerzas que integran el Gobierno (el centroderechista Partido Social Demócrata y los democristianos del CDS-PP), fue examinada por el alto tribunal luso a instancias del presidente del país, Aníbal Cavaco Silva, quien dudó de su legalidad.

Este es el segundo revés del Constitucional portugués a leyes del Gobierno de Pedro Passos Coelho durante este año después de que en abril considerase ilegales varias medidas de corte -entre ellas una bajada de salarios a los funcionarios y pensionistas- que forzó a buscar medidas adicionales de ahorro por 1.300 millones de euros. El juez presidente del tribunal, Joaquim Sousa Ribeiro, explicó a los periodistas que algunos artículos de la ley evaluada son inconstitucionales por "violar la garantía de seguridad en el empleo" y el "principio de proporcionalidad" incluidos en la Carta Magna lusa, que data de 1976.

Conocido como régimen de "movilidad especial", su aplicación pretendía facilitar la desvinculación laboral de funcionarios (especialmente profesores) que actualmente se encuentran a la espera de ser colocados, y a los que se marcaba un máximo de 12 meses para encontrar un puesto de trabajo. Acabado este periodo -durante el que recibirían un salario inferior al vigente- los trabajadores públicos podrían optar por integrar una lista de espera sin recibir sueldo o por cesar su relación laboral con derecho a la prestación de desempleo.

El ahorro que estimaba lograr el Ejecutivo con la entrada en vigor de esta norma no fue divulgado oficialmente. Actualmente, el número de empleados públicos en el país ronda los 600.000, cerca del 13 % de la población en edad laboral, aunque su peso ha ido cayendo especialmente desde que Portugal firmase en el 2011 un rescate financiero con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que abogan por reducir este cuadro laboral.

El Partido Socialista, el principal de la oposición y que precedió en el Gobierno al actual Ejecutivo conservador, el Partido Comunista Portugués, el marxista Bloque de Izquierda y los sindicatos ya había expresado su oposición a los recortes a los funcionarios, a los que les subirán la carga laboral de 35 a 40 horas semanales. Esta ley la sancionó Cavaco Silva este mes, por lo que se prevé que entre en vigor en cerca de un mes. Sin embargo, la misma podría quedar paralizada en caso de que el Constitucional decida su fiscalización preventiva, como piden los partidos de izquierda.