El fin del furor urbanístico que en ocasiones impulsaron y alimentaron los ayuntamientos también se ha visto reflejado, en el caso de la provincia de Valencia, en la actividad de la Fiscalía, que ha visto descender de forma notable las diligencias abiertas por delitos relativos a la ordenación del territorio.

Según los datos de este departamento a los que ha tenido acceso 20minutos, en 2012 se incoaron 97 diligencias de investigación penal por este motivo. De ellas, se interpuso denuncia al apreciar indicios de delito en 27 casos, 20 se archivaron y otras 50 seguían en trámite a fecha 31 de diciembre de 2012.

Si se compara con el año anterior, la caída es muy importante, ya que en 2011 se incoaron 199 actuaciones y, de ellas, 95 acabaron en denuncia ante el juzgado, frente a las 56 archivadas.

Estas cifras contrastan con los 151 ayuntamientos que estaban siendo investigados hace tres años. Aquella campaña de control a los consistorios constató, según la Fiscalía, que los gobiernos locales no querían ponerse a mal con los vecinos y que, en la mayoría de los casos, solo cobraban la sanción y descartaban seguir por la vía penal.

Esa postura acabó por legalizar, por la vía de los hechos, cientos de construcciones irregulares, ya que la acción penal en estos casos prescribe a los tres años, y a los cuatro ya no se puede derribar la casa en cuestión si se encuentra en suelo no urbanizable común. Nada se sabe del resultado de aquel plan de inspección y control.

Así, el freno de la actividad urbanística y constructora también se ha traducido en menos infracciones.

Se consideran edificaciones ilegales aquellas que se levantan en suelo no urbanizable, sea protegido o no. La mayor parte corresponden a pequeños propietarios que levantan chalés en sus terrenos, pero también hay casos de planes municipales irregulares.