La Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) valora la sentencia estimatoria del recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la asesora jurídica de la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE) Carmen Mora contra el Decreto de Centros Integrados de Formación Profesional de la Presidencia del Gobierno andaluz.

Además, espera que, tras la lectura del fallo judicial, los responsables políticos de la Junta de Andalucía en materia educativa "reflexionen sobre la persecución sistemática que vienen manteniendo con la educación privada y concertada".

Según apunta la CES en un comunicado, la sentencia es "clara" al respecto y declara "vulnerados" derechos constitucionales por parte de la Presidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía hacia estos centros educativos, "máxime" cuando ya está en marcha la Formación Dual y otros temas del desarrollo de la nueva Formación Profesional, en la que las empresas tendrán tanto que aportar.

Así, la CES lamenta la actitud de la Junta en un tema "tan importante y sensible" como el de la educación y considera "de suma gravedad que se atente contra un sector que viene demostrando su gran capacidad de competitividad, de servicio a las familias sevillanas, y de generación de empleo y que la apuesta por la educación pública se haga a costa de destruir el sector privado".

En este sentido, la CES recuerda que "se han declarado nulos artículos contrarios a nuestra Constitución, relativos a una limitación a la libre creación de centros y también a la libre elección por parte de los alumnos, con lo que la Junta de Andalucía excluye a determinada población de ciertas actividades de formación por razón de la titularidad del centro que eligieron para cursar sus estudios".

Con ello, continúa la Confederación de Empresarios, "se está conculcando el principio de pluralismo educativo consagrado recogido en nuestra Carta Magna y se obstaculiza y dificulta, con medidas discriminatorias, el derecho a la libre elección de centro docente, así como la libertad de enseñanza y el principio de igualdad".

Del mismo modo, el Decreto impugnado vinculaba la autorización de centros integrados de Formación Profesional a un único sector productivo, lo que "evidentemente hacía imposible tener dicha calificación a los centros privados concertados y privados de formación profesional, dado sus estructuras", concluye.