La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la jueza Mercedes Alaya, que investiga el 'caso de los ERE irregulares' de la Junta de Andalucía que fije un "calendario razonable" para las declaraciones de los 20 cargos y ex altos cargos imputados en su último auto, entre los que se encuentra la exconsejera de Economía y Hacienda (de 1994 a 2004), exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez.

En un escrito elevado a la magistrada, pone de manifiesto que "la necesidad de avanzar en la instrucción de la presente causa, garantizando adecuadamente los derechos y garantías de todos los imputados hasta la fecha, exige la fijación de un calendario razonable para la declaración de todas estas personas imputadas", de forma "que se pueda proceder a la concreción de los hechos delictivos que se imputan".

Además de a Álvarez, la juez ha imputado en la causa al actual viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre el 21 de abril de 2002 y el 26 de abril de 2009, Antonio Vicente Lozano Peña.

Lozano, que anunció que recurríría el auto de la magistrada, comunicó poco tiempo después de conocerse el auto de Alaya su renuncia como secretario de actas del Consejo de Gobierno.

También se encuentra en este auto el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, que es el único de los imputados que ya tiene fecha para declarar, concretamente el próximo día 25.

La Fiscalía recuerda que la petición para que la juez fije este calendario de declaraciones la ha realizado en "reiteradas" ocasiones. No obstante, reconoce "la complejidad y extensión" de esta causa, de modo que también reitera su petición para que el Juzgado requiera ante los órganos competentes "la necesaria ampliación de los recursos humanos y materiales que permitan un avance ordenado y sistemático de la presente causa y puedan dar cumplimiento en un plazo razonable a las diligencias" que ya han sido acordadadas y también a las que se solicitan.

Asimismo, reitera su petición para que, "atendiendo a la complejidad de la causa en sí", se cuente en la misma con el auxilio jurisdiccional de expertos en materia de gestión económica, financiera y contable del sector público, una función que "pudiese ser desempeñada de forma idónea por auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía si su régimen de incompatibilidades lo permitiese" o por interventores de la Administración General del Estado.

El objeto de esta prueba, según Anticorrupción, "viene dado por la necesidad de contar con un informe relativo a la gestión financiera, económica y contable de los fondos públicos aplicados" en los convenios suscritos entre el IFA y la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta desde 2001. En este sentido, añade que que debe determinar el "quebranto producido en fondos públicos de la Junta con determinación de las personas o entidades que habrían de proceder al reintegro de las cantidades recibidas".

La Fiscalía añade que Alaya rechazó esta prueba en un auto dictado el 7 de junio de 2011, al entender que, "aún estimando pertinente y necesaria la práctica de la misma, el hacerlo en aquel momento resultaba precipitado", siendo posteriormente designados como peritos técnicos de la Intervención General del Estado.

Igualmente, insiste en su petición para que se solicite a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Intervención General de Estado "para que informen sobre la situación de las investigaciones encomendadas por auxilio jurisdiccional en esta materia, aportando en su caso los informes elaborados a la fecha sobre las mismas".

Por último, solicita que declaren ante Alaya el jefe del equipo, los auditores y los técnicos de auditoría integrantes del equipo técnico de la Cámara de Cuentas para "ratificar, aclarar o ampliar la documentación obrante en autos en relación a los trabajos de fiscalización realizados".

Para el Ministerio Público, a raíz de las imputaciones de los 20 cargos o ex altos cargos de la Junta, las diligencias ya interesadas "adquieren si cabe una mayor relevancia".