La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha defendido este sábado la decisión del Consejo de Ministros de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía toda vez que asegura que "se pueden evitar los desahucios sin vulnerar el derecho de la propiedad", así como que el Ejecutivo de Rajoy busca "garantizar la igualdad de todos los españoles".

En este sentido, y en un comunicado, Crespo ha recordado que "ya hay medidas aprobadas por el Congreso de los Diputados destinadas a evitar que las familias en riesgo de exclusión queden sin vivienda", que incluyen "límites a las cláusulas abusivas y a los intereses de demora abusivos, un código de buenas prácticas que permite quitas y renegociación de las deudas, la creación de un banco de viviendas y, para el caso de familias en riesgo de exclusión, la paralización de los procesos de desahucios por dos años".

Por todo ello, la delegada del Gobierno en Andalucía se ha mostrado convencida de que "se pueden evitar los desahucios sin vulnerar el derecho a la propiedad ni establecer sanciones discriminatorias y arbitrarias que crean inseguridad jurídica y ofrecen una pésima imagen de Andalucía en el exterior".

De la misma manera, Crespo ha recordado que la Unión Europea trasladó esta semana al Gobierno de España su preocupación por el decreto sobre función social de la vivienda de la Junta, que contempla expropiaciones de viviendas y sanciones a las personas jurídicas que tengan viviendas vacías.

"La norma de la Junta no sólo se crea inseguridad jurídica y desigualdad entre los españoles sino que, como ha advertido la Unión Europea, puede hacer aumentar las dudas sobre el mercado inmobiliario español, reduciendo el interés de los inversores extranjeros e incluso provocando subidas en la prima de riesgo", ha aseverado.

Y es que, según incide Crespo, la regulación del derecho a la propiedad de la vivienda "es una norma reservada a las Cortes Generales", así como que el objetivo del Gobierno, que ha decidido recurrir el decreto de la Junta ante el Tribunal Constitucional en base a un informe del Consejo de Estado, es "garantizar la igualdad de todos los españoles".

"Somos conscientes de que muchas familias lo están pasando mal, sobre todo en Andalucía, que está a la cabeza en los rankings de pobreza y desempleo, pero la solución no es legislar de forma oportunista y arbitraria, como hace el Gobierno bipartito de la Junta, sino colaborar y trabajar unidos para sacar al país cuanto antes de la crisis", ha concluido.