El Tribunal Supremo de EE UU invalidó este martes parcialmente una disposición de una ley federal de 1965 que protege el derecho al voto de las minorías raciales en el país, al responder a un recurso de un condado de Alabama que la consideraba obsoleta.

Por mayoría (5-4), el Supremo invalidó la Sección Cinco de la Ley de Derecho al Voto, que obliga a algunos estados y condados considerados de "tradición discriminatoria" a pedir autorización del Gobierno antes de efectuar cualquier modificación de la normativa electoral.

De acuerdo con la resolución del Supremo, es el Congreso el que debe ahora buscar una nueva fórmula para determinar qué estados y localidades requieren de vigilancia de sus procedimientos electorales por parte de las autoridades federales.

La Sección 5 de la citada ley se aplicaba a nueve estados y a zonas de otros seis, en su mayoría en el sur del país y donde predomina la población blanca.

El caso se derivó de una demanda presentada por el condado Shelby del sureño estado de Alabama, uno de los afectados por la Sección 5 y que decidió impugnar su constitucionalidad.

El presidente del Supremo, el magistrado John Roberts, fue el encargado de redactar el fallo, del que disintieron los cuatro jueces considerados progresistas del alto tribunal.

"Nuestra decisión de ninguna manera afecta a la prohibición permanente, a nivel nacional, de la discriminación racial en la votación", escribió Roberts

Según el presidente del Supremo, corresponde al Congreso "elaborar otra fórmula" para evitar la discriminación racial "basada en las condiciones actuales" y no en las que había en 1965.

Grupos defensores de los derechos civiles habían insistido en que el Supremo debía dejar intacta la Sección 5 de la ley porque, a su juicio, sigue siendo una herramienta clave para proteger el derecho al voto tanto de los afroamericanos como de los hispanos.

Concebida inicialmente para afrontar la situación de los afroamericanos en el sureste del país, en los años setenta la ley fue enmendada para dar cobertura también a los ciudadanos hispanos de Texas, Arizona y áreas de California, Florida y Nueva York.