El PPdeG ha aprobado este martes en solitario la nueva ley de carreteras de Galicia, que los grupos de la oposición han criticado porque consideran que permite el establecimiento de tasas por el uso de las infraestructuras, a lo que los populares han replicado que la norma "no crea tasa alguna".

Durante el debate en pleno, los ejes de los posicionamientos de los tres grupos de la oposición se han centrado en la colaboración público-privada y en la posibilidad de imponer tasas en todas las infraestructuras, como han denunciado los grupos de PSdeG, AGE y BNG, aunque los populares lo niegan.

El portavoz del PPdeG en materia de infraestructuras, Alejando Gómez Alonso, ha dicho no compartir estas afirmaciones de la oposición: "por eso queremos reafirmar con absoluta rotundidad que el proyecto de ley no crea tasa alguna y, de hecho, en el proyecto de ley no se hace referencia a ninguna tasa concreta", ha defendido. Ha explicado también que para crear un nuevo tributo de este tipo sería necesario modificar la ley de tasas y precios públicos.

Sin embargo, ha señalado que "resulta imprescindible" mantener peajes en algunas vías, "dado que existen dos autopistas de titularidad autonómica sujetas a peaje en régimen de concesión, lo que impide alterar su equilibrio económico-financiero", ha justificado. Asimismo, ha recriminado que la ley vigente fue rechazada también bajo el argumento de que se podrían aplicar tasas, pero la norma, "lejos de poner trabas" ha resultado "eficaz" para el desarrollo de infraestructuras, ha afirmado.

"Lo que sí recoge es el principio general de que la utilización de carreteras será gratuita para los usuarios", ha incidido Gómez Alonso, a lo que los grupos de la oposición han objetado que el articulado permite establecer excepciones.

El representante del PSdeG en el debate, Raúl Fernández, ha acusado al PP y a la Xunta de desarrollar un proyecto "opaco y con afán recaudatorio" y ha censurado el "divorcio" entre la exposición de motivos —sobre la que ha dicho concordar con los objetivos y necesidad de la ley— y el articulado, así como la "ocultación" de información. Así, ha considerado que es "una ley más que se suma a la cantidad, que no a la calidad".

Para el socialista, la intención de los populares era usar el texto como "tapadera de la inactividad del Gobierno" y para "ocultar la falta de capacidad inversora en las carreteras". En este sentido, ha dicho que la dotación presupuestaria se ha recortado en 550 millones de euros entre 2010 y 2013 y ha recriminado el "apagón licitador" de la Administración gallega.

Además, Fernández ha criticado la "negativa presencia de un nuevo sistema de financiación con una tasa destinada a gravar a los usuarios", así como la falta de "sintonía con el modelo territorial" o la "preeminencia que se arroga" la Administración autonómica sobre la local.

"saqueo a gran escala"

En su intervención, el diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) Antón Sánchez ha criticado la "generalización de la imposición de tasas", en base a como aparece el articulado de esta normativa, y ha asegurado que "por muchas vueltas" que le ha dado a la redacción del artículo en cuestión, la conclusión es que se "podrán establecer" cobros "en cualquier vía".

Además, ha denunciado el "saqueo a gran escala" de los recursos públicos en la construcción de las infraestructuras, "rescatando" a las empresas que tengan dificultades, en una acción que ha denominado "dación en pago a lo bestia", mientras que al PP "no se le ocurre que las empresas que tengan beneficios se hagan cargo de este rescate".

De esta manera, ha censurado la fórmula de colaboración público-privada, el cual es denominado por AGE como "de riesgo público y beneficio privado", y ha alertado de que es un método al que esta ley "le da carta de normalidad". "Se cierra el círculo del saqueo: Las empresas sólo reciben suculentos beneficios", ha denostado.

"margen de discrecionalidad"

"Digan lo que digan, introduce la posibilidad de que se implanten tasas", ha contestado la nacionalista Ana Pontón tras escuchar los argumentos del PPdeG. La norma, ha insistido, "introduce a posibilidad" y el BNG tiene claro que los populares "mienten", como lo hicieron, a su juicio, con el canon del agua. "Si prevén que se va a introducir en una ley es porque tienen pensado utilizarlo", ha señalado.

También se ha mostrado muy crítica con la financiación público-privada de las infraestructuras y ha señalado que este método se mueve con un "elevado margen de discrecionalidad", como señala —dijo— el Consello de Contas. Y en este sentido, ha advertido de que esta característica es "duramente criticado" en la comisión de estudio sobre la corrupción, porque la "favorece".

La diputada del Bloque, que ha evidenciado que el modelo de "privatización de las infraestructuras hace aguas por todas partes", para lo que ha puesto como ejemplo la sanidad madrileña y el "agujero" de 3.800 millones de euros que tiene, ha advertido de que "lo que faltaba" es que pongan tasas a las carreteras, y que "sólo los que tienen recursos puedan ir" por ellas.

Pontón también abogó por que se garantice que esté en gallego la señalización que incluya información por escrito y por constituir una comisión mixta Xunta-diputaciones-ayuntamientos para que los entes provinciales, que el BNG quiere suprimir, traspasen las carreteras a las otras dos administraciones.

"una ley necesaria"

El portavoz del PPdeG ha defendido que esta es "una ley necesaria" y ha reivindicado su carácter "técnico", que ha justificado porque han sido los técnicos de la consellería quienes han redactado el articulado. Gómez Alonso se ha referido a la "mala utilización" hecha por el bipartito de la ley vigente hasta ahora (la de 1994), que llevó a una "dictadura" en infraestructuras, expresión que provocó las quejas de Ana Pontón, quien pidió amparo a la presidenta y reclamó retirar las palabras del orden del día.

La diputada del BNG ha considerado la expresión "intolerable", aunque en su segundo turno Gómez Alonso ha señalado que no pretendía calificar de dictatoriales ni a los nacionalistas ni a ninguno de los grupos del arco parlamentario.