Los representantes socialistas no asistirán a la comisión ejecutiva programada para este martes por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde de Santander, el 'popular' Íñigo de la Serna, al entender que dicho organismo no está defendiendo debidamente a las administraciones locales ante la reforma que promueve el Gobierno central de Mariano Rajoy.

La sede de la Diputación de Sevilla ha sido este lunes el escenario de una rueda de prensa celebrada por los vicepresidentes de las diputaciones de Badajoz y Jaén; Ramón Ropero y Pilar Parra, respectivamente; y los presidentes de las Diputaciones de Huelva y Sevilla, Ignacio Caraballo y Fernando Rodríguez Villalobos; respectivamente, en torno a los superávit cosechados por sus administraciones durante el ejercicio presupuestario 2012.

Las diputaciones de Badajoz, Huelva, Jaén y Sevilla, en concreto, han reclamado este lunes un mecanismo que les permita utilizar en empleo y políticas sociales, más allá del 31 de diciembre del año en curso, los remanentes positivos o superávit cosechados por cada una de estas administraciones locales durante el ejercicio presupuestario 2012.

Los dirigentes de estas diputaciones avisan de que si bien el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha quedado "congelado" gracias a un acuerdo en el Senado, no media una modificación legislativa que aclare el destino del dinero correspondiente a los superávit y todo ese capital podría ser simplemente desaprovechado en anticipar el pago de la deuda pública.

En este marco, Ramón Ropero, como vocal en la comisión ejecutiva de la FEMP, ha señalado el intenso debate político y público despertado a cuenta de la reforma de la administración local que planea el Gobierno central del popular Mariano Rajoy. "Van ya 14 borradores", ha lamentado Ropero avisando de que las propuestas que emanan del Gobierno central del PP para esta reforma cosechan rechazo incluso entre alcaldes y concejales del PP.

Ramón Ropero ha criticado que el Gobierno central promueva un adelgazamiento de la administración pese a que los propios datos oficiales prueban que, "en los últimos 12 años", la deuda de las administraciones locales ha pasado de significar el 4,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a sólo el 4,1 por ciento. Igualmente, ha censurado las propuestas relativas a la intervención de los ayuntamientos o la merma de competencias.

Dado que, desde su perspectiva, la FEMP no está defendiendo debidamente a la administración local ante los términos de esta reforma, ha anunciado que los representantes socialistas no acudirán a la comisión ejecutiva que celebra la FEMP este mismo martes.