La conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, ha sostenido este miércoles que más de la mitad de los expedientes de ayudas a la reforestación que están siendo investigados por la Justicia, debido a la supuesta existencia de una trama en A Costa da Morte para captar fondos públicos, se corresponden con la etapa en que la Xunta estaba regida por PSdeG y BNG.

De hecho, en respuesta a una pregunta oral ante el pleno de la Cámara, Quintana ha detallado que, de los 68 expedientes solicitados por el juzgado de Corcubión (A Coruña), ocho de ellos fueron tramitados en 2007, otros 20 se concedieron en 2008 y nueve más, en 2009.

En todo caso, ante las peticiones de los parlamentarios Marisol Soneira (PSdeG) y Antón Sánchez (AGE), ha dejado claro que la Xunta "corregirá" los "errores" que se hayan podido cometer una vez la Justicia "resuelva" el caso, tal y como —según ha dicho— obliga la Ley de Subvenciones de 2007.

Sin embargo, los dos diputados han insistido en que la Administración autonómica debe analizar lo ocurrido, ya que, como han relatado, "casi 100 personas" fueron "utilizadas" para cobrar subvenciones —"más de 25 millones de las antiguas pesetas" que "no figuran" en sus datos fiscales— a través de la "falsificación" de sus firmas y la "suplantación" de su identidad.

Un cargo intermedio relacionado con el empresario

Al respecto, Antón Sánchez ha interpretado que la Xunta "hizo más por tapar que por colaborar" con estas personas o por "esclarecer" los hechos e imponer "medidas correctoras". De hecho, como ha resaltado para argumentar que "fue a remolque" por "la presión" de los afectados, ni siquiera se presentó como acusación particular.

Asimismo, Soneira ha añadido que "el interés" del Gobierno gallego en este asunto es "muy reciente" y lo ha vinculado con las preguntas de los grupos de la oposición. En este punto, ha señalado que "un subdirector" de la Xunta tiene "relación" con el empresario considerado como el responsable de la supuesta trama.

Y, después de que el representante de AGE considerase que, o bien fallaron los mecanismos de control en la administración o bien "alguien de dentro ayudó" a crear este supuesto fraude, la socialista ha sugerido que esos fondos públicos pudieron destinarse a "blanquear".

La xunta quiere "la verdad"

Frente a ello, Quintana ha asegurado que el Gobierno del que forma parte "está del lado de la verdad y de la clarificación de los hechos", de modo que no eludirá "responsabilidades" en caso de que se demuestren que "un procedimiento fue incorrecto o una tramitación inexacta".

En este sentido, ha insistido en que no dará por "honesto" ni tratará de "excusar" ningún comportamiento "reprochable". No obstante, ha advertido a la oposición de que es "aventurado y falto de sensatez" hablar de "fraude" antes de que "se compruebe si hay delito".

Sea como sea, ha enfatizado que la Xunta es "la primera interesada" en conocer cómo se tramitaron las facturas, para lo cual está en marcha "un control adicional" con "personal ajeno" a ese departamento para "comprobar nuevamente" las ayudas concedidas.

"Ni la Xunta está parada ni se niega a asumir responsabilidades. Si hubo un mal procedimiento, estamos dispuestos a corregirlo y a tomar medidas de depuración administrativa o política", ha finalizado.