Salvemos Cabana ha denunciado este miércoles que la Xunta "quiere convertir la comarca de Bergantiños en una gran mina" y, en este sentido, ha advertido de que la superficie afectada en la zona podría superar las 7.400 hectáreas.

"Consideramos absolutamente demencial el plan que la Administración gallega ha previsto desde el ámbito minero, con una superficie concesionada que afectará a grandes áreas de masas forestales y tierras agrícolas productivas", señala en un comunicado.

Así, indica que la semana pasada se conocía la nueva licencia que permitía rastrear a la Mineira de Corcoesto S.L. / Edgewater oro y otros metales afines en 630 hectáreas adicionales al proyecto minero de Corcoesto, afectando "especialmente" a las parroquias de Cereo y Valenza.

Ahora esta plataforma tiene conocimiento de que "casi 250 nuevas cuadrículas mineras bajo el epígrafe 'Grupo Julia' están pendientes de resolución de nuevos permisos de exploración e investigación minera", en principio, solicitada por la misma compañía canadiense que, de evolucionar favorablemente, supondría una "ampliación sin precedentes de un proyecto minero de imprevisibles consecuencias", avisa esta entidad ciudadana.

Cambio en europa

Por otro lado, el BNG pide un cambio de la normativa comunitaria para prohibir el uso de cianuro y de cualquier otra sustancia tóxica considerada altamente contaminante en las explotaciones mineras a cielo abierto, por el "elevadísimo riesgo" de destrucción medioambiental y de las actividades económicas vinculadas al territorio, en particular, el sector agroganadero y turístico, en el caso gallego.

Esta propuesta, que implicaría casos como el de Corcoesto, en Cabana de Bergantiños, fue formulada por la eurodiputada nacionalista, Ana Miranda, durante la audición 'Movimientos sociales en Europa contra la megaminería', que contó con la participación de las plataformas y colectivos sociales que se oponen a los proyectos mineros a cielo abierto en Galicia.

Concretamente, acudieron la plataforma en defensa de Corcoesto, la plataforma vecinal Corno do Monte de A Limia por el proyecto de feldespato; la plataforma Mina Wolframio Cartelle-Ramirás y la Asociación naturalista de defensa ambiental Ribeiras do Miño.

Así, Miranda ha denunciado la "falacia" de pretender defender la implantación de estos "megaproyectos" en base a una supuesta creación de empleo, como argumento para convencer a las poblaciones afectadas en un momento de crisis económica y tasas de paro sin precedentes.

"No se puede vender generación de empleo cuando estos megaproyectos van a destruir los recursos naturales y el medio de vida de las zonas donde se implantan, afectando especialmente a las actividades económicas ya consolidadas de los sectores agroganaderos y turísticos de los que viven miles de personas", ha explicado.