El ministerio de Justicia quiere que la reforma de la ley del Registro Civil esté ya operativa en julio de 2014. Esta reforma modifica quién es el responsable del registro. Ahora está en manos de los jueces apoyados por los secretarios judiciales. La ley estipulaba que el registro seguiría en manos de "funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial", sin especificar. Pero el PP llegó al poder y quiso cambiar varios aspectos de una ley, que aunque fue aprobada en 2011, aún no está vigente. Uno de esos cambios, "atribuir la llevanza de todos los registros jurídicos a los registradores de la propiedad y mercantiles".

Este cambio de 'titularidad' en los registros afectará necesariamente a los bolsillos de los españoles. Sindicatos, secretarios judiciales y notarios denuncian que el objetivo de la reforma es "entregar" los registros civiles, con todo el tráfico jurídico que generan, a un colectivo privado, "una privatización encubierta", que supondrá establecer unas tasas por unos servicios que ahora son gratuitos. El borrador de la reforma deja claro que son los registradores los que "deberán sufragar íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público, mediante la aplicación de aranceles".

Con la reforma, los registradores controlarán la vida civil de los ciudadanos. En el registro se inscriben nacimientos, defunciones, bodas, divorcios, nulidades matrimoniales, cambios de nombre y de sexo, nacionalidades, el régimen económico de los matrimonios... El sindicato de secretarios judiciales SISEJ recuerda que "a día de hoy todos los trámites son gratuitos, tanto la inscripción, como las certificaciones de las mismas".

Justicia ha explicado que el Registro Civil cobrará por estos servicios, pero que no lo hará por los básicos, como los nacimientos y defunciones. Para el resto no hay nada aún estipulado. Y es que la reforma solo dice que se cobrará por arancel. Una vez aprobada, un real decreto regulará después qué servicios tienen coste y qué coste. Como pasó con las tasas judiciales. Renovar el DNI, por ejemplo, vale hoy 10,40 euros. Todos los expertos consultados hablan de una horquilla de precios de entre 10 y 40 euros. En 2011, por ejemplo, se registraron en España 161.724 bodas y 103.604 divorcios, trámites que sí tendrían su arancel.

La reforma incluye además un nuevo trámite: el domicilio de las personas, que deberán ser inscritos en el Registro Civil. Es decir, habrá un doble empadronamiento; el que ya se hace en el Ayuntamiento como padrón censal y administrativo, y tras la reforma "una constancia registral de las distintas modalidades de domicilio". Aún no se sabe que coste tendrá este trámite.

Pero al ministerio de Justicia le ha salido una piedra muy grande en el zapato. Los propios registradores españoles, un colectivo profesional muy reducido (hay 1.283 plazas, 273 de ellas vacantes) y bastante cerrado, los grandes beneficiados por este cambio en la ley, no quieren esta reforma. Para debatir sobre ello, los registradores convocaron una asamblea que se celebró los días 16, 17 y 18 de abril en Zaragoza.

La cita era importante, ya que desde que se colegiaron en 1934 solo se había reunido en asamblea en dos ocasiones: en 1935 y 1988. Ahora, esta tercera cita había sido forzada por 309 firmas (cuando solo eran necesarias 250) y con el aval de 427 registradores. El resultado ha sido sorprendente: el 80% ha votado a favor de que el máximo órgano del colectivo, la dirección del colegio, le transmita a Justicia que no quiere la reforma. "Ha habido una tergiversación porque se ha dicho en los medios que los registradores querían llevar los registros civiles. Y es mentira. La mayoría no quiere. Es una imposición del Gobierno y de un grupo de compañeros", explica a 20minutos un miembro de esta plataforma contraria a la reforma.

"No lo queremos porque este modelo aboca a un diseño de la profesión que acaba con ella. Algunos compañeros nos han metido en un drama que quita trabajo a otras profesiones y encima perjudica a los ciudadanos. No queremos asumir el coste político de este follón, y encima sin consenso social", explica el mismo registrador.

Frente a la amplia mayoría de registradores que no quieren esta reforma, se encuentran los agrupados en la línea oficial, encabezados por la asociación de registradores Bienvenido Oliver (ARBO), a la que pertenece Enrique Rajoy, hermano de presidente del Gobierno. El primero es registrador en activo, el segundo en excedencia. Es curioso que la hermana de Rajoy, María de las Mercedes, también sea registradora. Dos familiares del ministro de Justicia, Ruiz-Gallardon, departamento del que nace la reforma, también son registradores: su cuñado José Antonio Utrera y su nuera, Teresa Touriñan.

Los dos altos cargos de Justicia que han diseñado la reforma, Joaquín José Rodríguez y Francisco Javier Vallejo, también son registradores. "Los que apoyan la reforma ven una oportunidad única para acumular poder político y apuntalar su poder institucional", explica el notario Rodrigo Antonio Tena.

"El Gobierno pretende con este proyecto favorecer a corporaciones ya privilegiadas, cuyos beneficios se dispararon en plena burbuja inmobiliaria, y que se vieron disminuidos cuando explotó", señala el portavoz de SISEJ, que recuerda que el Estado se ha gastado 128 millones de euros el digitalizar y modernizar el registro, "y ahora se pretende regalar a los registradores su gestión en perjuicio a la ciudadanía".

Para los notarios, el objetivo de la reforma es claro: "que haya más trámites, más burocracia, y por tanto más ingresos y control por parte de los registradores. Estos serán los que controlen siempre la puerta final del tráfico jurídico", explica Rodrigo Antonio Tena. El Consejo General del Notariado ya ha explicado que Justicia no ha contado con ellos para la reforma y que esta solo se ha enfocado desde el interés de una parte de un colectivo, no desde el interés general. Los notarios, por su parte, solo intervendrán en las bodas y los expedientes de nacionalidad, pero supeditados al registrador.

En cuanto al exceso de burocratización, los notarios ponen un ejemplo. Si una persona reside en Madrid y quiere vender un piso que tiene en Málaga, ahora basta con hacer un poder notarial para firmar la escritura. Ese poder es remitido telemáticamente a otro notario de Málaga y todo queda solucionado. Tras la reforma, el notario deberá enviar ese poder al Registro Civil, que lo tiene que inscribir. Y el notario de Málaga tiene que consultar su registro para comprobar si el poder está inscrito. Luego, la escritura de compraventa firmada gracias al poder va a otro registro, el de la Propiedad. Y este registrador tiene que comprobar en el Registro Civil si el poder está inscrito. Cuatro trámites en vez de uno, con más coste.

María Ángeles Alcalá, ex directora general de Registros y Notariado, se ha mostrado en contra de la reforma. "¿Por qué reformar la Ley de Registro civil de 2011 a la que el PP votó a favor cuando estaba en la oposición?", se pregunta en una tribuna en El País. "Los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto va a costarles las inscripciones de nacimiento de sus hijos, las de defunción o cuánto tendrán que pagar por la boda. Pero sobre todo, los ciudadanos tienen derecho a saber por qué tendrán que pagar por lo que hasta ahora era un servicio gratuito prestado por el Estado".

Si Justicia desoye sus peticiones y les obliga a llevar los registros civiles, lo que tampoco quieren es un Registro Civil gratuito cuya financiación recayera sobre registradores. "¿Cómo se financia este sistema?. No hay memoria económica. Hasta 1985 el registro civil no era gratuito. Y ahora es inaceptable que un ciudadano pague por inscribir un nacimiento o una defunción", señala otro registrador.

También pide que se garantice la separación entre las oficinas del Registro Civil (habrá una central y 106 sedes) y las actuales del Registro de la Propiedad o Mercantil, tanto tributaria, como laboral, física y de medios humanos. Los registros civiles serían gestionados por un cuerpo nacional de registradores designados por concurso.

En definitiva, nuevos trámites que otorgarán a los registradores un poder total sobre la vida civil de los ciudadanos. No será su única línea de negocio. Como ya publicó 20minutos en enero de este año, la reforma de la ley de costas, el deslinde de las casas que estén construidas entre los 20 y los 100 metros de la costa (antes espacio protegido) deberá constar en el Registro de la Propiedad para "reforzar su seguridad jurídica".