El propietario del club acusado de "utilizar" a unas nueves mujeres extranjeras para la prostitución ha declarado ante el juez que éstas "se lo han inventado todo" y ha argumentado que "casi todas" las mujeres que ejercían en el establecimiento eran "ilegales" y, a su juicio, pensaban que declarando los supuestos hechos "serían legales".

En su relato ante el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba, el procesado ha subrayado que él "solo" gestionaba el club, sin la ayuda del otro acusado, y alega que "es mentira" que impusiera órdenes, ni había sistema de multas y sanciones a las mujeres, con las que "no mantenía ninguna mala relación", ha aseverado.

Igualmente, ha defendido que "nunca" las amenazó ni insultó y asegura que "es incierto" que las mujeres no pudieran salir del local, en el que la mujer que se sienta en el banquillo de los acusados realizaba labores de limpieza y no daba órdenes a las chicas, según el procesado.

En el juicio, que se prevé que quede visto para sentencia este martes tras la declaración de los tres acusados y los testigos, la Fiscalía ha pedido unos cien años de prisión, por la supuesta comisión de delitos relativos a la prostitución y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tras supuestamente "utilizar" a unas nueves mujeres extranjeras para prostituirlas en un club de alterne.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, al menos desde mediados del año 2007 los dos procesados han regentado el club de alterne, en el que se ejercía la prostitución y en el cual ambos supuestamente impartían órdenes a sus empleados, daban instrucciones sobre el gobierno del establecimiento y controlaban y dirigían personalmente el mismo. En dicho club, la acusada ejercía funciones como encargada de cobrar a los clientes que mantenían relaciones sexuales con las mujeres, abonando posteriormente a éstas las cantidades que los otros dos acusados fijaban.

En fecha no especificada del año 2007, los dos procesados, a través de personas cuya identidad no ha sido determinada, contactaron con una mujer que residía en Brasil, supuestamente para ofrecerle venir a España "con la intención de utilizarla para el ejercicio de la prostitución y de lucrarse así a costa de ella". Para ello, de común acuerdo, le proporcionaron un billete de avión y le facilitaron 500 euros para exhibirlos al cruzar la frontera con la finalidad de acreditar su llegada a territorio nacional en calidad de turista, obteniendo de esta forma "sin problemas" el acceso al mismo.

Una vez que dicha mujer contactó con uno de los acusados en el aeropuerto de Málaga, éste le solicitó la devolución de los 500 euros que previamente le habían facilitado, "manifestándole que debía además devolverle la cantidad de 2.200 euros por la deuda adquirida, cantidad que debería obtener mediante el ejercicio de la prostitución" en el citado club.

En dicho establecimiento, unas nueve mujeres han ejercido la prostitución bajo los criterios y directrices que de manera "despótica, y a sabiendas de que todas ellas se hallaban necesitadas de obtener ingresos económicos para su subsistencia", imponían los dos hombres acusados.

Las condiciones de trabajo

En concreto, según el fiscal, "les obligaban a bajar a las habitaciones para alternar con los clientes a las 18,00 horas, golpeando fuertemente sus puertas si no lo hacían y llegando a sancionarles con un multa de 90 euros si se retrasaban; les obligaban a abonar una multa de 90 euros, además de tener que abonar 30 euros por una estancia en las habitaciones que no llegaban a realizar, si salían del club con algún cliente; les obligaban a vestir escasas prendas para alternar más fácilmente con los clientes".

Igualmente, "no percibían la totalidad del precio que en concepto de alterne con clientes les imponían los acusados sobre el precio de las consumiciones, apropiándose los acusados del 50 por ciento de dichas cantidades; no se les permitían más de cinco minutos de tiempo para cenar, transcurridos los cuales debían regresar al ejercicio de la prostitución"; o "fijaban el precio que cada cliente debía de abonar para mantener relaciones sexuales con estas mujeres", entre otras órdenes.

De este modo, las cantidades que estas mujeres abonaban en concepto de sanciones o multas eran recaudadas por los acusados, "lucrándose de las mismas". Asimismo, los dos varones procesados "participaban en el precio que ellos fijaban y que los clientes debían de abonar para mantener relaciones sexuales con las referida mujeres".

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita un total de 54 años de prisión y multa de 5.760 euros para los dos acusados por la supuesta comisión de nueve delitos relativos a la prostitución y 16 años de cárcel por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, mientras que para la mujer acusada pide un total de 27 años de prisión por delitos relativos a la prostitución.