Unas 350.000 personas residen en las más de 81.000 viviendas públicas de la Junta repartidas por multitud de municipios de la comunidad andaluza, convirtiéndose así en la que mayor parque residencial de este tipo acoge.

La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), es la encargada de gestionarlo desde un punto de vista integral, que incluye la labor administrativa, la reparación y mantenimiento de los edificios y viviendas, así como un trabajo de integración social y ciudadana de los vecinos residentes, según la información facilitada por la Administración andaluza a Europa Press.

Más de 500 municipios, incluidas las capitales de provincia, albergan estos pisos y casas de promoción pública. Así, según señala la Consejería, en la mayoría de estas ciudades y pueblos no resulta fácil identificar dichas viviendas en su trama urbana. Esta integración física en el resto del entorno urbano es fruto de un proceso que inició el Gobierno autonómico en la década de los 80, a raíz de la transferencia de las competencias estatales en materia de vivienda a la comunidad.

El trabajo desempeñado por la Administración pública ha permitido que las relaciones sociales que se ponen en práctica en estas barriadas no disten, por lo general, de las que existen en otros ámbitos. La normalidad ha conseguido filtrarse en la vida diaria de estas zonas gracias a un proceso desarrollado conjuntamente por vecinos y Consejería de Fomento y Vivienda.

Así, se han conseguido "logros", ya que, desde un punto de vista administrativo, los residentes tienen regularizada la ocupación de los inmuebles casi en su totalidad (un 95%) y cumplen con la obligación de abonar las rentas de arrendamiento y las cuotas de la comunidad. En la conservación del patrimonio residencial, realizan un uso adecuado y en la esfera de lo social, la población residente ha desarrollado un fuerte sentimiento de arraigo y son vecinos que participan activamente y sin conflictos en la vida diaria de su comunidad.

"no alcanza los niveles deseados en algunas promociones"

Sin embargo, esa labor de pedagogía y aprendizaje promovida desde la Administración autónoma "no alcanza los niveles deseados en algunas promociones y barriadas localizadas en determinadas ciudades". Constituyen casos "muy puntuales", en los que la combinación de una serie de aspectos como la escasez de recursos, los bajos niveles formativos y de empleo o la conflictividad social complica el día a día de la población residente. En estos enclaves, la implicación de la Consejería de Fomento y Vivienda en todos los aspectos "se intensifica con el fin de superar la exclusión social y el deterioro urbano".

En algunos de ellos, la Junta comienza a intervenir a principios de la década pasada a través de la figura conocida como la Rehabilitación Integral de Barriadas (RIB), un instrumento contemplado en los diferentes planes de vivienda andaluces que precisamente combina la intervención urbanística y residencial con un trabajo socio-comunitario.

La Junta de Andalucía destina a la integración de sus inquilinos un nutrido equipo de técnicos y trabajadores sociales, que desarrollan su labor multidisciplinar desde la cercanía a aquellas familias y comunidades en las que se detectan conflictos.

"elevado nivel de heterogeneidad"

Estas viviendas se caracterizan por un elevado nivel de heterogeneidad, tanto por su origen, sus características físicas y su grado de conservación. Gran parte procede de las promociones impulsadas por el Gobierno central a partir de los 60, aunque también es significativo el número de inmuebles construidos posteriormente por la Junta.

De los 81.000 casas y pisos de promoción pública de la Junta, casi 46.000 son de régimen de arrendamiento y casi 35.000 responden a la modalidad de compraventa, en la que la titularidad del inmueble ha sido cedida a sus beneficiarios en venta con pago aplazado del precio durante un periodo de tiempo; y a la de acceso diferido a la propiedad, donde lo que se cede es el uso y disfrute de la vivienda a los adjudicatarios conservando la Administración la propiedad hasta que el inquilino abone el valor de venta.

Por provincias, Sevilla, con casi 22.000 pisos, y Cádiz, con 16.000 inmuebles, son las que más volumen registran. Los municipios de Córdoba, Huelva y Málaga tienen un patrimonio que oscila entre las 8.000 y las 9.000 viviendas. Por su parte, Granada identifica entre su parque residencial más de 7.700 viviendas públicas, Jaén, más de 6.700, y Almería, un montante superior a las 5.000.

La mejora de las características físicas del barrio para lograr unas condiciones de habitabilidad adecuadas es uno de los ejes claves para avanzar en la revitalización e integración de estas áreas. Por eso, la Consejería de Fomento y Vivienda aplica de forma permanente políticas de conservación y mantenimiento del interior de las casas y de las zonas comunes de los edificios.

De esta forma, en los diez últimos años, se ha invertido 349 millones de euros en rehabilitar su patrimonio residencial disperso por toda la geografía andaluza, mediante actuaciones encaminadas, fundamentalmente, a mejorar la accesibilidad de los bloques y casas, con la instalación de ascensores y rampas de acceso, así como a reparar las cubiertas y fachadas y remodelar las redes de saneamiento de agua y suministro de luz. Este tipo de acciones se ha aplicado en la gran mayoría de las promociones dispersas por toda la comunidad.

Cuando el deterioro de determinadas promociones no es posible solventarlo a través de actuaciones de rehabilitación, la Consejería de Fomento y Vivienda lleva a cabo una intervención "más ambiciosa" consistente en la renovación integral del barrio, con la demolición de los pisos originarios, el realojo de los vecinos y la construcción de promociones de nueva planta.

Las obligaciones de la administración como arrendadora

La Empresa Pública de Suelo de Andalucía como gestora de este parque debe garantizar la legalidad de la ocupación de los inmuebles, su correcta conservación y el normal funcionamiento de la convivencia vecinal. Por ello, cuando detecta que el inquilino no usa la vivienda como residencia habitual, no cuenta con el título de ocupación legítima, tiene una conducta antisocial o no paga sin justificación objetiva la Administración está obligada a actuar con diligencia para recuperarla y poder volver a adjudicarla.

Asimismo, apunta que la recuperación efectiva de la vivienda "no es una solución que con carácter general y habitual utiliza la Junta de Andalucía para resolver los problemas que se derivan de su parque público", sino "más bien todo lo contrario".

Desde 2008 se ha procedido a la ejecución de 155 expedientes, en un 90 por ciento por falta de ocupación y de título y un diez por ciento por impago. Esta última razón acumula un número "muy residual" si se tiene en cuenta el volumen del parque público que se gestiona desde la Junta. En cualquier caso, "antes se agotan todas las alternativas de negociación previa".

Sin desahucios desde junio

Entretanto, desde la Consejería han asegurado que desde el pasado mes de junio "no se ha llevado a cabo ningún desahucio en viviendas del parque público" de la Junta andaluza, por orden expresa de la consejera del ramo, Elena Cortés.

Así, explican que si bien los expedientes de desahucio se inician y publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), esto es un procedimiento administrativo que responde al control que la Consejería debe tener sobre este parque público, pero que "en ningún caso ha llegado a ejecutarse" desde esa fecha ningún desahucio, una medida que es "la primera vez que se adopta" en el Ejecutivo andaluz.