El Partido Regionalista de Cantabria ha recordado a la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, que la modificación de la Ley de Montes estatal fue una promesa electoral de "su jefe", el presidente regional, Ignacio Diego, al que ha acusado de "engañar a los afectados" tanto en su etapa en la oposición como ahora que tiene responsabilidades de Gobierno.

"Diego mintió prometiendo lo que no iba a cumplir y ahora ordena a sus voceros que continúen el engaño con nuevas mentiras", ha respondido el PRC a las declaraciones realizadas este miércoles por Díaz, al negar la existencia de "consenso nacional" y "contestación social" para reformar la Ley de Montes, tal como reclama la formación regionalista.

Además de recomendar a la consejera que "salga un poco del despacho y se dé una vuelta por Cartes, Guriezo o Soba para comprobar si existe o no contestación social", ha cuestionado que "tenga el valor" de negar una modificación legal que "no sólo es perfectamente posible si el PP tiene voluntad, ya que cuenta con mayoría absoluta en las Cortes Generales", sino que también fue "la gran promesa electoral" de Ignacio Diego a los afectados cántabros.

De hecho, ha recordado las palabras textuales que el actual presidente les dirigió en vísperas de las elecciones autonómicas de 2011: "si salgo elegido de las urnas, en los 100 primeros días de gobierno, conseguiré introducir una disposición transitoria en la Ley de Montes de 2003, por la que las propiedades afectadas que pasen a ser de dominio público con esta legislación permanecerán tal como estaban antes de 2003".

"Por más que ahora quiera desdecirse, ésas fueron sus palabras", ha continuado el PRC, para quien la negativa de la consejera de Presidencia es "la confirmación de un engaño más de los muchos a los que el Partido Popular ha sometido a los cántabros".

Asimismo y en contra de las manifestaciones de Díaz, ha asegurado que no existe "ningún impedimento legal" que impida modificar la ley estatal en los términos que defiende el Grupo Regionalista, para preservar los derechos históricos de los propietarios cántabros, "como no lo existía cuando Ignacio Diego se comprometió a hacerlo".

"Lo único que ha cambiado desde entonces es que el PP estaba en la oposición y necesitaba para llegar al Gobierno el apoyo de los afectados, a los que ahora no tiene ningún pudor en traicionar", ha agregado.

Finalmente, ha reiterado que el problema que existe en los montes cántabros fue generado por la ley estatal que el Partido Popular aprobó en 2003 "sin tener en cuenta las peculiaridades de Cantabria, ni consultar a los afectados cántabros" y, en consecuencia, la modificación de esa norma es "la mejor solución y la única que garantiza la seguridad jurídica", finalizó.