La Fiscalía de Sevilla ha solicitado dos años de cárcel y otros diez años de inhabilitación para el exalcalde de Burguillos José Juan López (PSOE) por conceder "maliciosamente" licencias "ilegales" para la construcción de hasta 63 naves industriales en suelo no urbanizable de la localidad, concretamente en una zona llamada 'El Estanquillo', para lo cual "antepuso su personal y arbitraria voluntad" y desoyó al arquitecto y al secretario municipales.

En su escrito de acusación, consultado por Europa Press, el fiscal pide también un año de cárcel y ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público para Mariana Pérez González, que en agosto de 2003 era teniente de alcalde del Ayuntamiento y que, actuando como alcaldesa en funciones en sustitución del acusado, concedió otra licencia ilegal para la construcción de naves industriales en suelo agrícola.

El fiscal relata que el imputado fue alcalde de Burguillos entre los años 2001 y 2006, "asumiendo personalmente la concesión de las licencias urbanísticas de edificación concedidas en el municipio" y, más concretamente, en la zona de 'El Estanquillo', finca que, en parte, era suelo rústico y, por tanto, no urbanizable.

El Ayuntamiento aprobó inicialmente un PGOU el 19 de diciembre de 2002 para modificar esa clasificación urbanística a suelo urbanizable, pero el acusado "era plenamente consciente" entre 2001 y 2006 de que "la norma de planeamiento vigente, y única aplicable, era las normas subsidiarias de planeamiento, que clasificaban la zona relativa a las manzanas 5, 6 y 7 como no urbanizable, al menos hasta que recayera aprobación definitiva por el órgano autonómico".

Desoyó al arquitecto y al secretario municipal

El fiscal asevera que, "pese a ello, siendo plenamente consciente de la imposibilidad de conceder licencias para construir naves industriales en esa zona, por ser totalmente contrarias al planeamiento en vigor en el municipio, decidió sistemáticamente incumplirlo pese a los informes del técnico municipal (arquitecto) y el secretario municipal, que le recordaban lo ilegal de ese proceder".

De este modo, y "sin esperar a que alcanzara vigencia la modificación pretendida y aún sabiendo que al estar en trámite una modificación que afectaba al sector la Ley le obligaba a suspender la concesión de licencias que afectaran a ese suelo", concedió una serie de licencias ilegales.

"Al conocer las claras objeciones de arquitecto y secretario municipales, así como del trámite que seguía la modificación del planeamiento urbanístico, el acusado no solamente no suspendía los expedientes, sino que dictaba decretos en los que aludía a razones de urgencia, que en ninguno de los casos precisó ni justificó, diciendo que posteriormente se requerirá por la alcaldía la documentación pertinente", asevera el fiscal.

"antepuso su personal y arbitraria voluntad"

A juicio del fiscal, el acusado "antepuso su personal y arbitraria voluntad, consciente del manifiesto incumplimiento de la Ley", y concedió "maliciosamente" seis licencias de obra para la construcción en suelo no urbanizable de 63 naves industriales.

La última de las licencias concedidas, referente a la construcción de 16 naves, fue ampliada por la otra acusada, alcaldesa en funciones, que "fue claramente advertida" por el secretario interventor "de que no era posible concederla porque no había proyecto básico y de ejecución, porque no había estudio de seguridad, y sobre todo porque era suelo agrícola y no industrial, de modo que no era factible edificar naves industriales".

El secretario "le instruyó asimismo de que, como había en trámite una modificación de las normas subsidiarias de planeamiento que afectaba a la zona, debía suspenderse el otorgamiento de licencias", no obstante lo cual, "y sabiendo de que al desatender ese informe incumplía manifiestamente la ley", la acusada "adujo razones de urgencia no explicadas" y concedió la licencia "sin imponer siquiera una condición".

Las obras fueron ejecutadas

El fiscal añade que todas estas obras "ilegalmente autorizadas" por los dos acusados fueron finalmente ejecutadas "con conocimiento" del exalcalde "a pesar de no existir licencia que lo autorizara, ni tampoco contar con el necesario instrumento de planeamiento que permitiera esas obras en esa clase de suelo (PGOU), ni plan parcial como figura de desarrollo de esas parcelas".

Tras todo ello, la Junta aprobó definitivamente el PGOU de Burguillos el 12 de mayo de 2006, y "sólo a partir de entonces se reclasificó el suelo" donde se edificaron las naves ilegales, dice el Ministerio Público, que pide para José Juan López dos años de cárcel, diez de inhabilitación y el pago de una multa de 14.400 euros por sendos delitos contra la ordenación del territorio.

De su lado, pide para la acusada un año de cárcel, ocho años de inhabilitación y el pago de una multa de 10.800 euros.

José Juan López ya fue condenado en 2009 por el Juzgado de lo Penal número 12 a ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, sentencia que fue ratificada por la Audiencia Provincial.