El Ayuntamiento de Málaga instará a la Junta de Andalucía a que declare Área de Rehabilitación Integral a La Palmilla, 26 de Febrero y La Virreina, de manera que los vecinos de estas 3.000 viviendas puedan beneficiarse de las ayudas correspondientes. De igual modo, se le demandará la firma de un convenio de colaboración con el Consistorio para la financiación conjunta de esta actuación de mejora.

Así se ha acordado en el pleno de este miércoles en respuesta a una moción urgente del equipo de gobierno del PP, que ha contado con la abstención del PSOE y de IU. En este punto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha dejado claro que "el Ayuntamiento no quiere quitar su esfuerzo, pero quien tiene la competencia en materia de rehabilitación de viviendas es la Junta". A su juicio, ésta "no puede estar vuelta de espaldas a un problema que es suyo", exigiéndole, en consecuencia, que "cumpla su obligación estatutaria".

Como prueba de ese esfuerzo del Ayuntamiento, la concejala de Palma-Palmilla, Mar Torres, ha recordado que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ejecuta desde 2003 un plan de rehabilitación en Huerta La Palma, en este distrito, que afecta a 3.067 casas y en el que el Ayuntamiento ha invertido más de 11 millones de euros, frente al Ejecutivo andaluz, que "no ha aportado nada". De esos pisos, se han rehabilitado 2.789 —74 bloques—, 48 están en contratación —tres inmuebles— y pendientes de actuación, 230 —11 edificios—.

Torres ha indicado que en mayo de 2012 se solicitó a la Consejería de Fomento y Vivienda la declaración de Área de Rehabilitación Integral de estas barriadas de Palma-Palmilla, de modo que el Ejecutivo regional asumiría el 75 por ciento del coste de la actuación; mientras que el 25 por ciento correspondería al Consistorio, y el otro cinco por ciento sería aportación vecinal.

"La Consejería no ha informado de la solicitud y el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 está derogado y sin efecto", ha expuesto la concejala, desconociendo, por tanto, "cuál será el futuro de los nuevos planes, si los habrá y qué actuación declarará como protegible". "El Ayuntamiento ha apostado por la rehabilitación, pero nos sentimos huérfanos por parte de la Administración autonómica", ha advertido.

Por su parte, los portavoces de IU y del PSOE, Eduardo Zorrilla y María Gámez, respectivamente, han reconocido que la intervención que necesita esta barriada no ha de ser sólo urbanística, sino también social y "ahí tiene mucho que ver el Ayuntamiento", ha precisado el edil de la coalición. En este sentido, la concejala socialista ha subrayado que Palma-Palmilla "necesita inversión", incidiendo en que "el Consistorio tampoco le ha prestado especial atención".

Gámez ha tachado esta moción de "extemporánea" y ha criticado, al respecto, que el Ayuntamiento "perdiera una ocasión de oro: la Junta le tendió la mano, pero prefirió el suculento rédito de la confrontación". En este punto, ha explicado que "desperdició" la oportunidad que tuvo en 2010 con una propuesta de inversión por parte de la Junta de 50 millones de euros.

"No fue un brindis al sol de la Junta, sino que lo aprobó en Consejo de Gobierno y el Ayuntamiento tuvo el borrador, pero no quiso firmarlo por los dimes y diretes ya conocidos en esta ciudad, que dejan en vía muerta muchos proyectos", ha aseverado Gámez, lamentando que el PP plantee esta actuación ahora, "cuando la situación es más complicada y cuando sabe cuáles son los presupuestos del Gobierno andaluz". Esta cuestión ha sido negada, sin embargo, por el propio De la Torre, quien ha dicho que la Administración autonómica "se negó a sumar recursos", que era el planteamiento municipal.

Reforma local

La reforma de la Administración local que impulsa el Gobierno de Mariano Rajoy ha estado presente también en el debate del pleno de este miércoles, en el que el PSOE e IU han mostrado su desacuerdo, alertando de que el objetivo es "la privatización de servicios públicos, que ahora son un nicho de mercado, y el abandono de competencias".

En este sentido, el equipo de gobierno ha rechazado una moción urgente del PSOE. Según el portavoz 'popular', Diego Maldonado, aún queda "un largo recorrido" en este proyecto, por lo que ha reclamado al PSOE y a IU que "no creen alarma", sino que "busquen consenso". "Me parece de una frivolidad terrible y de una cara impresionante pretender tachar de anticonstitucional lo que se va a aprobar en los órganos constitucionales con consenso", ha opinado.

Maldonado ha defendido que con esta reforma "se intenta racionalizar la gestión, no que desaparezcan ayuntamientos, ni se van a perder puestos de trabajo porque los servicios se van a mantener y los pagará la administración que corresponda".

Para Gámez, el objetivo de esta reforma es "entrar a hacer negocio", teniendo como "cooperador necesario" a De la Torre, que preside la Comisión de Entidades Locales del Senado. "Frente a esa defensa del municipalismo que hacía, ahora aplaude esta reforma, que quita competencias y con la que habrá pérdida de empleo porque habrá empresas municipales que tendrán que desaparecer al ser deficitarias", según la portavoz socialista, entre las que ha citado el Palacio de Ferias y Congresos y Onda Azul.

Este aspecto ha sido rechazado por De la Torre, quien ha lamentado que en todo el tiempo que lleva de alcalde "no se haya avanzado ni un milímetro" en el tema de la descentralización local, debido a que la Comunidad "no ha hecho ni un solo esfuerzo" para ello. "Lo que hace el Gobierno, sin entrar en las competencias de las autonomías, es intentar marcar el camino para esa delegación de materias", ha declarado, asegurando que no van a desaparecer empresas municipales porque "el Ayuntamiento tiene suficiente equilibrio como para sostenerlas".

El portavoz de IU ha coincidido con el PSOE en que la reforma local es "una auténtica demolición de los principios rectores del movimiento democrático", entre los que ha citado "acercar la administración al ciudadano". "Sin embargo, ahora se persigue centralizar y alejarla de puntos que son necesidades básicas y, todo ello, bajo el argumento de que los ayuntamientos son los culpables de esta crisis", ha indicado, dejando claro que "la solución no es menos municipios, sino más participación".

DESAHUCIOS

Por otra parte, el Pleno ha acordado por unanimidad instar al Congreso a la aprobación íntegra del texto de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve la dación en pago, con la que se quiere, según el portavoz de IU, grupo que ha presentado esta moción, "acabar con una injusticia" y que está avalada por cerca de 1,5 millones de firmas.

No han salido adelante, sin embargo, otros puntos de esta iniciativa, debido al rechazo del PP, tales como que la Policía Local de Málaga no intervenga en desahucio; la modificación de la ordenanza de plusvalías para contemplar una exención de su pago o una bonificación del 95 por ciento para "aquellas personas que, por insolvencia sobrevenida, pudieran justificar documentalmente la transmisión de su inmueble mediante la dación en pago", o una moratoria de un año en el cobro de este concepto a los afectados por una ejecución hipotecaria.

El edil de Derechos Sociales, Francisco Pomares, ha justificado el voto en contra del PP en estos puntos aludiendo a que ya se han adoptado medidas en este sentido y se sigue trabajando en ello y ahora lo que corresponde es actuar en el Congreso de los Diputados, advirtiendo a los grupos de la oposición de que este asunto debe quedar exento de cualquier "protagonismo político".