El pleno de las Cortes de Aragón ha acordado "promover un amplio consenso de todos los grupos políticos de la Cámara", de forma coordinada con el Gobierno aragonés en el ámbito de sus respectivas competencias, con el fin de adoptar las medidas legales, administrativas y políticas necesarias, así como instrumentar cuantos mecanismos sean necesarios "para reforzar la transparencia y credibilidad en las instituciones y la actividad política como máxima expresión de la democracia".

En concreto, las Cortes han aprobado que se adopten las mejoras necesarias en la ponencia para la reforma del Reglamento de las Cortes, "en relación con los parlamentarios aragoneses, con el fin de contribuir a reforzar la credibilidad de las instituciones y la actividad política".

Asimismo, han instado al Gobierno de Aragón a promover, de acuerdo con los partidos políticos y agentes económicos y sociales, un plan de objetivos y medidas concretas en los ámbitos y sectores que sea necesario, incluyendo las reformas legales o administrativas correspondientes, dirigidas, entre otros fines, a "perseguir los delitos vinculados con la corrupción política y en las instituciones y entidades públicas".

Igualmente, ese plan deberá "salvaguardar la honestidad y el limpio ejercicio de los cargos" en las instituciones, "en relación, especialmente, a las incompatibilidades y la percepción de retribuciones"; y asegurar en las contrataciones de las administraciones, así como en los procesos administrativos de todo tipo, la libre competencia e igualdad, la publicidad y transparencia de los procedimientos y la eficiencia en la utilización de los fondos y el patrimonio públicos.

Finalmente, las Cortes apuestan por "extremar el control de los procedimientos en la concesión de subvenciones públicas e instrumentar cuantos mecanismos sean necesarios para reforzar, en general, la vigencia de los valores éticos y la transparencia de las instituciones y la actividad política".

La iniciativa ha sido presentada por PP y PAR y enmendada por el PSOE, grupos que la han votado a favor, sumando 55 votos, mientras que CHA e IU la han votado en contra, con siete votos.

Todos cómodos

El portavoz del PP, Antonio Torres, ha asegurado que el texto inicial de la iniciativa pretendía "buscar un acuerdo en el que pudiéramos estar todos cómodos" y, tras la enmienda transaccionada del PSOE "el texto amplía en mucho los objetivos iniciales" y ha opinado que quienes han votado en contra "han perdido la ocasión de que sus palabras y votos coincidan".

El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha subrayado que el texto ha contado con el apoyo del 88 por ciento de la Cámara y ha defendido "el esfuerzo por alcanzar un acuerdo en algo tan vital como es la credibilidad de los políticos y de la actividad política" para estimar que el principal problema es "la estabilidad del sistema democrático".

El diputado del PSOE, Carlos Tomás, ha deseado que los grupos que apoyan al Gobierno, PP y PAR, y el propio Ejecutivo "entiendan el papel del Parlamento", que "somos quienes tenemos que tomar la iniciativa" en esta cuestión, para asegurar que su grupo siempre votará positivamente a todas las iniciativas "que tengan como fin mejorar la transparencia, reforzar controles y evitar los abusos" con medidas concretas.

La portavoz de CHA, Nieves Ibeas, ha esgrimido que con esta propuesta "nos están tomando el pelo o buscan una amnistía de rehabilitación de la imagen porque lo necesitan", cuando "nos cuesta tener información veraz y clara del Gobierno" ante una "falta absoluta de transparencia" y una "situación de escándalo social" que "no es culpa de CHA" y que hace que la ciudadanía "esté harta de que nadie asuma ninguna responsabilidad" por lo que ha pedido la retirada de la iniciativa.

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha señalado que lo aprobado es "un mandato para hacer unas determinadas cosas, que no vamos a decir que sean negativas", si bien "no sale un compromiso radical de lucha contra la corrupción, de perseguir al corrupto y de cerrarle las puertas en una sociedad democrática" y ha considerado que la propuesta de PP y PAR era "un intento de salvar los muebles".