El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) realizó 7.843 actos de mediación laboral durante 2012, 7.689 individuales y 153 colectivos, un 25 por ciento más que el año anterior. El director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Jesús Divassón, ha ofrecido estos datos durante su comparecencia, este lunes, ante la Comisión de Economía y Empleo de las Cortes de Aragón.

A propuesta del consejero de Economía, Francisco Bono, el director general ha dado cuenta a los Grupos de las actuaciones del SAMA el año pasado, un periodo "complicado". El 80 por ciento de los asuntos tratados fueron despidos individuales.

El año 2012 ha sido "el más complicado desde que empezó esta situación de crisis", ha expresado Divassón, quien ha apuntado que el año pasado hubo un 10 por ciento más de casos que en 2009. Entre 2002 y 2007, los años previos a este "cambio de tendencia", la media anual fue de 4.515 asuntos.

En materia de huelgas, el SAMA ha evitado la inactividad durante 388.000 horas en todo el año pasado, lo que supone un ahorro de 3.445.446 euros. La mayor parte de los conflictos se producen en el sector del metal y en el de servicios. En general, en los conflictos colectivos hay una media de un 82 por ciento de mediaciones exitosas y en el despidos individuales alcanza el 64 por ciento.

Divasson ha hecho notar que el presupuesto del SAMA ha crecido un tres por ciento pese a que la reducción de ingresos de la Dirección General ha sido del 13,16 por ciento. El SAMA ha hecho una importante revisión de gastos y ha eliminado algunas partidas, como la destinada a mensajería.

Reforma laboral

Con la aprobación del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral se abrió "un periodo de incertidumbre" hasta que se convalidó en las Cortes Generales como proyecto de ley.

Ha defendido la reforma laboral al señalar que el sistema anterior era "inseguro, ineficaz y rígido", ante lo cual se pusieron encima de la mesa varios instrumentos normativos "para frenar la destrucción de empleo, el afianzamiento de los expedientes de reducción y suspensión de contratos".

Desde la entrada en vigor de la reforma ha habido rebajas salariales y cambios de jornadas de trabajo como "alternativas a la destrucción de empleo", ha agregado.

Ha recordado que la actividad del SAMA se basa en la igualdad entre las partes y su tratamiento individualizado, la imparcialidad entre las partes, la atención personalizada, la profesionalidad, la independencia y la gratuidad. De esta última ha dicho que "va a seguir existiendo" y lo ha recalcado al afirmar que "no entra dentro de la expectativas" del Ejecutivo aragonés introducir tasas.

Los servicios que presta el SAMA vienen incluidos en la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Empleo "entendiendo que la contribución a la paz social es un factor importante de competitividad para Aragón".

GRUPOS

El diputado de Izquierda Unida (IU), Luis Ángel Romero, ha dicho que el SAMA "es un instrumento que sigue siendo válido" y "eficaz". Ha preguntado al director general si considera "razonable" la subida de un tres por ciento del presupuesto "a sabiendas de la situación que en estos momentos sufre la economía aragonesa, que deriva en numerosos expedientes".

El diputado de CHA, José Luis Soro, ha manifestado que con la reforma laboral se ha producido "un deterioro" de las condiciones laborales y "una rebaja" de los derechos de los trabajadores, lo que se han traducido en un incremento de los expedientes individuales de despido. Ha preguntado a qué se debe la reducción de los expedientes colectivos.

El parlamentario del Partido Aragonés (PAR), Antonio Ruspira, ha considerado "relevante" la subida presupuestaria y ha celebrado que el SAMA busque la eficiencia y controle sus costes. Ha defendido el uso gratuito de este servicio público.

El diputado del PSOE, Florencio García Madrigal, ha destacado "el trabajo bien hecho" de este servicio y ha criticado la "nefasta reforma laboral" por crear unas condiciones de trabajo "a precario". Ha alertado del aumento del índice de litigiosidad y ha comentado que ha habido 24.000 trabajadores afectados por diversos conflictos.

La diputada del PP, Yolanda Vallés, ha resaltado el aumento presupuestario "en un momento en que la conflictividad laboral se ha incrementado" y ha defendido la reforma laboral, que "ha permitido unas mayores condiciones de flexibilidad" laboral. Ha puesto de relieve que antes de la reforma laboral de 2012 la destrucción de empleo fue mayor.