La implantación de la reforma educativa del Gobierno costará cinco veces más de lo previsto, hasta alcanzar los 408 millones de euros en tres años. Un dinero que el Ejecutivo central asumirá totalmente, según fuentes del Ministerio de Educación, que reconoce también que habrá un retraso en la ejecución: la reforma se implantaría en dos cursos, a partir de 2014-2015 ó 2015-2016.

Las fuentes han atribuido la demora de las previsiones de tramitación, aprobación y aplicación de la ley —aún no se ha enviado al Congreso— a las sucesivas reuniones con las comunidades y sectores educativos y al replanteamiento del anteproyecto original con propuestas que se han considerado oportunas.

Los datos parten de la memoria económica de la futura Ley Orgánica para la Mejora Educativa (Lomce), que el Ministerio ha enviado a la consejerías autonómicas y que el ministro José Ignacio Wert debatirá con ellas el 7 de febrero. En los tres años naturales de implantación, el Gobierno desembolsaría 23, 130 y 255 millones de euros, respectivamente.

A las autonomías corresponderán en principio, según sus disponibilidades presupuestarias, los costes indirectos, que dependerán del incremento del alumnado de FP y, en consecuencia, la caída del abandono escolar, que ahora se sitúa en el 26,5%. Un abandono escolar reducido hasta el 15% al cuarto año de implantación de la reforma supondría una inversión progresiva de 334 millones de euros hasta entonces.

El aumento de los costes directos se debe principalmente a tres motivos. En primer lugar, el impacto de la nueva estructura de dos itinerarios en cuarto de ESO (hacia el Bachillerato y la FP) en algunas comunidades con un alto índice de escuelas rurales, según han advertido algunas administraciones autonómicas.

También ha contribuido al incremento de la cifra los dos años que durará la nueva FP básica y un menor ahorro inicial por la "compactación" de asignaturas de Bachillerato, que se prevé más gradual los primeros años en función de una mayor autonomía de las consejerías y centros de enseñanza para decidir qué asignaturas se imparten y con qué carga lectiva.

El encarecimiento se da principalmente en las dos trayectorias de cuarto de ESO y en la FP básica por una mayor necesidad de profesorado; y el ahorro, por la "compactación" del bachillerato en parte y una reducción de docentes según el nivel de especialización curricular de cada centro en función de su autonomía.

La mayor parte del coste se la lleva la nueva estructura de cuarto curso de ESO y la anticipación de itinerarios en tercero: 421 millones de euros, según la memoria. La FP básica supondría 149 millones de inversión, y la "compactación" del Bachillerato un ahorro de 168 millones. Los indirectos tendrán que ver con el éxito de la reforma, mayores cuanto más alumnos atraiga la FP y más baje el abandono escolar temprano.

El Ministerio ha ideado tres "escenarios" de inversión: 50 millones de euros para reducir el abandono al 20%; 334 millones para el 15%; y 927 millones para el 7,5%. Las fuentes han comentado que lo más realista es llegar al 15% (sin renunciar al 7,5%), con un 50% de matriculados en Bachillerato, un 22,5% en FP media y un 12,5 % en FP básica.

Han reconocido, no obstante, que el plazo cuatro años para alcanzarlo pudiera retrasarse por la situación económica y financiera, difícil de prever.

También han señalado que el aumento de oferta de FP y de costes asociados es cuestión de las autonomías por tener transferidas las competencias, si bien se podrá negociar con el Gobierno (sin poder precisar ahora si habrá cofinanciación) y ver qué ritmo de ampliación de plazas y dotación del profesorado necesario es posible.

Han indicado que los costes para cada comunidad dependerán de las respectivas tasas de alumnado de FP y de abandono educativo y de cómo varíen.