El Gobierno canario ha criticado que el Estado "vuelva a endurecer" este año los requisitos que tienen que cumplir las personas en situación de dependencia para acceder a la prestación económica por cuidado en el entorno familiar.

Estas medidas, según se informó en el Gobierno regional en nota de prensa, se dieron a conocer en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado el pasado 16 de enero en Madrid.

Al respecto, se recordó que en 2012 el Estado aplicó una modificación de la Ley y se rebajó en un 15 por ciento el importe de las prestaciones económicas por cuidado en el entorno familiar y se eliminó su aportación a la Seguridad Social. Y para 2013, añadió, se vuelve "a restringir el acceso a esta prestación que la Ley en su artículo 14 ya prevé como excepcional".

En este sentido, el Ejecutivo autonómico indicó que las ayudas económicas para el cuidado en el entorno familiar son las que se designan a sufragar las atenciones prestadas a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, y no están vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

Para ello, a partir de este año, se exige que dicha persona haya estado cuidando del dependiente al menos un año antes de la solicitud, así como que conviva permanentemente con él. También se exigirá un compromiso para que el domicilio esté permanentemente disponible a la inspección de los servicios sociales.

Asimismo, el efecto retroactivo de la prestación "ya no valdrá con obtener una resolución sino que será necesario" que se le hubiera adjudicado una prestación a la persona dependiente.

Al respecto, la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, recordó que las comunidades autónomas han estado otorgando prestaciones económicas, en vez de los servicios, "que son mucho más caros".

"Eso es pervertir la ley, ya que tal y como recoge en su artículo 14, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, constituye una excepcionalidad a la norma que prima los servicios. La Ley de Dependencia estipula la colaboración del Estado con el 50 por ciento del gasto pero no tiene en cuenta el coste real de los servicios, sino el estipulado por el sistema estatal de la dependencia", apostilló.

Añadió que ese es uno de los motivos por el que algunas comunidades están apostando por las prestaciones económicas, ya que la propia Ley establece como una excepción, y aquí "el Estado sí aporta el 50 por ciento".

Finalmente, se indicó que estas medidas se suman "a los continuos recortes" de las partidas que el Estado aporta a las comunidades para financiar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que aseguró "se han reducido considerablemente "en los últimos años y que en el archipiélago ha supuesto una reducción de 8 millones de euros en 2012, lo que apuntó "ha impedido ampliar" el número de personas que tienen derecho a estas ayudas.