La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) ha comenzado a redistribuir un vídeo informativo elaborado hace dos años con recomendaciones para evitar ser víctima de revisiones de gas fraudulentas, al constatar en los últimos tiempos un "incremento notable" de llamadas alertando de estas prácticas, un repunte que la organización achaca a la crisis económica.

Así lo ha dado a conocer UCA-UCE en una nota, en la que además ha subrayado que las víctimas de este fraude suelen ser "especialmente" personas "mayores y de escasos recursos económicos".

Al hilo de este repunte de casos, la organización ha querido recordar las condiciones que deben reunir las revisiones de gas para que se lleven a cabo de forma correcta y no de un modo ilegal.

De entrada, UCA-UCE señala que las instalaciones de gas natural y gases licuados del petróleo por canalización (GLP) tienen la "obligación" de pasar cada cinco años una única inspección por parte de la empresa distribuidora, cuyo coste debe ser abonado por el usuario, al igual que ocurre en el caso de los usuarios de bombonas de gas butano, que también deben revisar sus instalaciones con la misma frecuencia temporal, para lo cual se recomienda "consultar en la Consejería de Innovación la relación de inspectores autorizados y preguntar previamente también las tarifas y servicios que ofrecen para, posteriormente, contratar el más económico".

Igualmente, en el caso del gas canalizado, el distribuidor deberá comunicar a los usuarios mediante una carta la fecha de visita de la inspección que realizará, solicitando que se le facilite el acceso a la instalación, de modo que si no fuera posible efectuar la inspección por encontrarse ausente el usuario, el distribuidor notificará a aquél la fecha de una segunda visita.

En todo caso, UCA-UCE recomienda "no dejar nunca entrar a personas que se presentan como inspectores del gas si no ha habido antes una comunicación previa por parte de la empresa distribuidora o de la empresa inspectora contratada".

De esta forma, la inspección será realizada por el personal propio o contratado por el distribuidor, que "deberá someterse a un proceso previo de formación que lo faculte para dicha tarea". Cuando la inspección arroje un resultado, se cumplimentará y entregará al usuario un certificado de inspección, y en caso de que se detecten anomalías, "deberán ser corregidas por un instalador de gas o un servicio técnico que contratará el titular de la instalación y que deberá entregar al usuario un justificante de corrección de anomalías según un modelo unificado".

Inspecciones en gas butano

En casos de bombona, es el titular de la instalación el que, cada cinco años, encarga la revisión de su instalación a una empresa instaladora de gas y es, asimismo, el que elige a la propia empresa, para lo cual puede acudir a las asociaciones provinciales de las empresas instaladoras repartidas por toda Andalucía, que cuentan con un listado de instaladores de gas legales de la zona.

Si la instalación presenta algún defecto o anomalía, "será la propia empresa instaladora que está realizado la revisión la que corregirá los defectos, emitiendo y entregando al titular el certificado de revisión".

Otras cuestiones a tener en cuenta

Por otra parte, según ha indicado la organización, "el distribuidor dispondrá de una base de datos, permanentemente actualizada, que contenga, entre otras informaciones, la fecha de la última inspección de las instalaciones receptoras individuales, así como su resultado, conservando esa información durante diez años".

Además, todo el sistema podrá ser controlado por el órgano competente de la comunidad autónoma —la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía—, cuando éste lo considere conveniente.

Por último, la normativa establece que la inspección deberá comprobar "la estanqueidad de la instalación receptora, la verificación del buen estado de conservación de la misma, la combustión higiénica de los aparatos, y la correcta evacuación de los productos de combustión".