El equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga ha aprobado con su mayoría, en el pleno de este martes, la interposición de un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional (TC) contra los artículos 2 y 3 del Decreto Ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral aprobado por la Junta de Andalucía.

Así lo ha asegurado el portavoz del Partido Popular, Francisco Salado, quien, siguiendo lo acordado por el PP-A, ha manifestado que ese decreto "ha provocado la paralización del planteamiento de los municipios de la costa". Por ello, ha añadido, "interpretamos y entendemos que es un atentado contra la autonomía local".

Además, en este sentido, Salado, que ha estado acompañado por la vicepresidenta primera de la Diputación, Francisca Caracuel, ha expresado que, "aunque la Junta tenga competencia, debe consultar con los ayuntamientos esta importante materia".

El plan afectará a la denominada zona de influencia del litoral, es decir, a los terrenos que se sitúan a una distancia de hasta 500 metros, desde el límite interior de la ribera del mar, excluyendo las zonas contiguas a los márgenes de los ríos donde las mareas son sensibles, según Salado.

La propuesta incluye, además de la presentación del conflicto referido, solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y facultar al presidente de la Diputación, Elías Bendodo, para que lleve a cabo "cuantas acciones legales resulten necesarias".

Así, Salado ha anunciado que la institución provincial malagueña "es la primera" en llevar al TC el rechazo al plan aprobado por la Junta de Andalucía, que, para el portavoz 'popular', supone "una falta de sensibilidad y de consenso", que tiene que "ser defendido por la Diputación de Málaga".

Exigencias del pp a la junta

Además, en el pleno ordinario de este martes se han aprobado diferentes mociones con las que el Ejecutivo provincial "exige a la Junta de Andalucía que cumpla sus competencias y obligaciones en políticas sociales y en empleo".

"Lo que tiene que hacer la Junta es pagar lo que le corresponde y quitarse la máscara de que su línea roja son las políticas sociales y el empleo porque es una farsa", ha criticado el portavoz del equipo de gobierno del PP.

En este sentido, se ha aprobado una moción para exigir un plan específico de empleo para la provincia. Salado ha criticado que la Junta "haya despedido a trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)", puesto que "así es imposible prestar un servicio de calidad para reinsertar a los parados andaluces".

Por último, en relación con las políticas sociales, la Diputación reclamará al Ejecutivo andaluz que cumpla sus competencias con las personas psicodeficientes y con el Centro Guadalmedina, al igual que con los drogodependientes de la provincia.

Acuerdo con marbella

Por su parte, el PSOE ha presentado una moción urgente, que ha sido rechazada por el PP, en la que demandaba a la institución provincial que aprovechara el remanente de 30 millones de euros que hay en el Patronato de Recaudación para "ayudar a los municipios que se encuentren en situación de emergencia, como es el caso de Marbella".

El portavoz socialista en la Diputación, Francisco Conejo, ha definido esta propuesta como "viable y legal", ya que "permitiría paliar el problema del déficit que tienen algunos ayuntamientos de la provincia, tal y como se está haciendo en la Diputación de Sevilla".

"El grupo socialista está a favor de que se tome esta medida, pero siempre que se cumpla la condición de que este préstamo se emplee para garantizar el pago de las nóminas y no para otras partidas", ha añadido.

El segundo punto que planteaba esta moción consistía en que el Patronato de Recaudación gestionara las multas urbanísticas en la localidad de Marbella, así como la creación de una unidad específica para agilizar el cobro de sanciones de este tipo.

"Tenemos que tener una tolerancia cero ante el fraude por irregularidades urbanísticas", ha indicado Conejo, al tiempo que ha rechazado el plan de ajuste en el Consistorio marbellí "porque no se ha actuado desde el diálogo".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento marbellí, José Bernal, ha suscrito lo dicho por Conejo, añadiendo que este plan de ajuste "no procede de aquellos momentos en los que Marbella estaba abandonada", sino que "es consecuencia del Gobierno de Ángeles Muñoz".

En respuesta a estas declaraciones, Caracuel, concejala también en el Consistorio marbellí, ha expresado su "sorpresa" ante las declaraciones de Conejo y ha criticado "el doble discurso" que tiene el PSOE en la localidad y en la Junta.

Cambios en la política agraria

La moción urgente que ha presentado el grupo de Izquierda Unida en la Diputación para exigir cambios en la política agraria se ha aprobado por unanimidad, aunque el PP ha hecho una enmienda al punto tercero, en el que se exigía la eliminación del requisito de número de peonadas para acceder a los subsidios agrarios.

Así, tras la modificación de este punto, la Diputación instará al Gobierno de la Nación a que ningún trabajador agrario se quede sin subsidio, sin tener en cuenta el número de peonadas realizadas.

La portavoz de la coalición en el ente supramunicipal, Antonia Morillas, ha denunciado "la falta de transparencia del equipo de gobierno de la Diputación", en un momento en el que "el PP no está para romerías, ya que la sociedad está asistiendo a una de las peores tramas de corrupción de los últimos tiempos".

"Queremos que se nos expliquen muchas cosas, como los contratos de propaganda y comunicación que ha firmado la Diputación o las contrataciones realizadas para el cambio de la imagen de marca de La Térmica", ha expresado Morillas.

También ha criticado que en los presupuestos provinciales de la Diputación "la cooperación internacional haya sido borrada, con la austeridad como único argumento que se da desde el equipo de gobierno".

Por último, la portavoz de la coalición ha criticado el despido de nueve trabajadores administrativos, encargadas del refuerzo de los servicios sociales comunitarios. "En un momento en el que ha crecido el número de casos de personas de emergencia social, no es posible que por parte del Gobierno central se hayan eliminado los servicios sociales comunitarios que esta Diputación no aporte nada para dar continuidad a la estructura de estos servicios", ha incidido.