El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha asegurado que la decisión del Gobierno de Castilla- La Mancha de cerrar urgencias sanitarias en una veintena de municipios "está avalada por un principio de racionalizar los recursos públicos disponibles".

En declaraciones en la Cope, tras la primera noche con los servicios de urgencia cerrados en 21 municipios castellanomanchegos, Moreno ha advertido que lo ocurrido en esa comunidad, "puede pasar en otras comunidades", ya que muchas están "rediseñando sus propios mapas de recursos", porque la sanidad pública había acumulado "una deuda de 16.000 millones en bienes y servicios sanitarios, lo cual hacía insostenible el sistema sanitario".

A este respecto Moreno ha recordado de que en cualquier caso, una decisión de ese tipo corresponde al Gobierno regional, ya que la decisión adoptada en Castilla-La Mancha la ha tomado el Ejecutivo que preside María Dolores de Cospedal en el ámbito de "sus competencias" y ha opinado que responde a la necesidad de "optimizar y de adaptar los recursos existentes y los bienes disponibles en materia sanitaria".

"De esos servicios públicos muchos centros rurales abiertos, por los datos que tengo, prácticamente el 80% de esos centros tenían en torno a dos o tres visitas y el resto de los centros no tenían ninguna", ha dicho.

"Eso no significa que ningún ciudadano en esa comunidad esté desprotegido, porque hay una red de emergencias" por transporte terrestre y aéreo.

Sin embargo, contradiciendo a Moreno, el presidente del Colegio de Médicos de Albacete, Francisco Parra, ha advertido de que el cierre de las urgencias nocturnas puede "poner en peligro la vida de los afectados", y hace mención de colectivos especialmente delicados, que pueden requerir asistencia médica urgente, como son los niños y las personas con problemas cardiovasculares, como "un infartado que tendrá que recorrer un mínimo de 50 kilómetros para ser atendido tras cerrar estas urgencias".

El cierre dejará "desprotegidos o con menor protección" durante unas horas a la población de más edad, la que mayor riesgo tiene de enfermar, ha dicho.

También ha criticado que la sanidad se vea con "criterios economicistas", puesto que "la calidad no va a ser igual que antes". Para este profesional, hay otras partidas de donde se puede recortar antes que en sanidad, "por ejemplo que haya menos asesores".

La decisión de cerrar las urgencias sanitarias ha levantado una oleada de protestas entre vecinos y profesionales sanitarios. A los encierros en los ayuntamientos de distintos pueblos, como el de Tembleque, se unen las protestas contra la privatización de la Sanidad en distintos hospitales de Toledo y Guadalajara. En el Hospital Virgen de la Salud de Toledo han pasado la noche han pasado la noche, encerrados, una veintena de personas que continuarán sus protestas este martes.

En Honrubia (Cuenca), los cuatro concejales del PP(y todos los suplentes) han presentado su dimisión en protesta por el cierre.

Por otro lado, el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que "prácticamente todos los ayuntamientos van a recurrir en el contencioso-administrativo la decisión tomada" por el Gobierno de María Dolores de Cospedal "porque tiene alcance legal". "Estamos hablando de más de cien mil personas que van a dejar de tener aquello que cualquier político dice que es lo primero: la salud", ha dicho.

El secretario de Estado de SeMoreno también ha justificado la externalización de servicios sanitarios por la capacidad de las unidades privadas de adaptarse "a las nuevas necesidades".

"Cuando se externaliza un servicio se entiende que se hace porque la carga financiera que le supone a la Administración Pública es menor que cuando es propio", manifiesta Moreno al respecto. Por ello, cree que algunas comunidades autónomas han optado por esta decisión al considerar "que era lo más interesante para dar el mejor servicio a los ciudadanos".

Además ha asegurado que este cambio en el modelo de gestión no acarrea "ni un euro" de coste para los usuarios. A su parecer, "hay muchos ciudadanos y grupos políticos que hacen demagogia" al referirse a este aspecto.

Por otro lado, Moreno ha expuesto que la devolución del dinero del euro por receta a los ciudadanos, en caso de que el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC) tenga éxito, "no es una cuestión fácil", ya que tiene muchas complejidades "desde el punto de vista técnico y económico".