Uno de los seis acusados de hacerse pasar por fiscales, secretarios o peritos judiciales para llevar a cabo distintas estafas relacionadas con la venta de pisos embargados, estafa dentro de la cual lograron defraudar 1.579.940 euros entre 2009 y 2012 en un total de 17 operaciones distintas, ha admitido que se hizo pasar por perito judicial y que recibió dinero por parte de los denunciantes, aunque ha defendido que "todo era más o menos legal".

Y es que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acogido este lunes la primera jornada del juicio contra estos seis acusados, que llegaron a utilizar las dependencias del Colegio de Abogados y para los que el Ministerio Público solicita penas de entre uno y nueve años de cárcel por presuntos delitos continuados de falsedad en documento oficial y estafa.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que, durante la jornada de este lunes y una vez resueltas las cuestiones previas planteadas por las acusaciones y las defensas, únicamente ha comenzado a declarar Pedro G., para quien el fiscal pide nueve años de prisión.

A preguntas del fiscal, el procesado ha negado que ni él ni el resto de acusados se hicieran pasar por fiscales ni por secretarios judiciales, aunque ha admitido que sí actuó como perito judicial porque había hecho un cursillo gracias al cual obtuvo un título "donde ponía tasador-perito judicial".

El acusado implica a una funcionaria

De este modo, y actuando como perito judicial, recibió distintas cantidades de dinero procedente de los denunciantes para adjudicar distintos inmuebles embargados y que iban a salir a subasta, dinero que entregaba al también acusado Manuel L. y que éste, a su vez, daba a una funcionaria judicial de nombre "Marta".

Según su declaración, esta funcionaria "les daba los documentos firmados y sellados" por el Juzgado en cuestión, produciéndose una adjudicación directa de los bienes inmuebles que iban a salir a subasta que el imputado creyó que "era más o menos legal", han señalado las fuentes a Europa Press.

El acusado, que ha reconocido que algunas de las transacciones se realizaron, estando ésta funcionaria presente, en las instalaciones judiciales ubicadas en el edificio Viapol de la capital hispalense, en Huelva o en La Palma del Condado, ha asegurado que en todas actuaciones únicamente participaron él mismo y Manuel L. —ambos en prisión—, exculpando de este modo al resto de imputados.

Un abogado plantea la nulidad de las actuaciones

Con anterioridad a la declaración de Pedro G., el abogado de Aitor I.A., sobrino del mítico boxeador Urtain que se encuentra en la cárcel por estos hechos, ha planteado como cuestión previa cuatro vulneraciones de derechos fundamentales de su representado, que a su juicio implicarían la suspensión del juicio, la nulidad de las actuaciones y, por consiguiente, la absolución del imputado.

El letrado, Julián Rabadán, ha asegurado que se sobrepasaron las 72 horas legalmente previstas entre la detención de su cliente y la puesta a disposición judicial, recordando en este punto el caso de Gao Ping y señalando que este hecho "hace que todo lo demás haya quedado envenenado", ante lo que la fiscal ha aseverado que "no se sobrepasaron de ningún modo estas 72 horas".

La Sección Cuarta ha rechazado tanto esta como el resto de cuestiones previas, dos de ellas relacionadas con el secreto de las actuaciones y la obligación legal de la juez instructora de tomar declaración al acusado en las horas siguientes al levantamiento de dicho secreto, lo que no ha sido estimado por la Sala.

Los hechos

La Fiscalía pide para Pedro G., Manuel L. y Aitor I. nueve años de prisión; para Antonio Luis C., siete años y medio de cárcel; tres años y medio para José Antonio M., y un año de cárcel para Antonio C..

El Ministerio Público dice que, entre 2009 y 2012, Pedro G. y Manuel L., "idearon un procedimiento para enriquecerse con dinero ajeno, consistiendo ello en que el primero se hiciera pasar por perito judicial frente a terceros, manifestándoles la facilidad que ello le reportaba para poder acceder a inmuebles o vehículos que iban a salir a subasta procedentes de embargo".

"Para adquirirlo, debían entregarle el dinero en efectivo y a cambio recibían un documento, elaborado" por Manuel L., "redactado en su formato y apariencia a modo de los documentos judiciales". En esos documentos "se simulaba la firma del supuesto secretario judicial y se estampaba el sello del Juzgado", añade la fiscal, que asevera que el papel de cada imputado varió en función de la persona con la que trataban, de manera que Aitor I. "se hizo pasar por fiscal y por secretario judicial".

Se hicieron pasar por secretarios judiciales

De esta manera, "hacía creer a los futuros adquirientes que todo era legal y que él se encargaba personalmente de tramitar toda la documentación de los bienes que adquirían en los juzgados".

De su lado, Antonio Jesús C., "solía acompañar a Pedro G.C. en sus visitas a los futuros adquirientes", de forma que "les enseñaba los inmuebles, reforzaba los comentarios" de éste último "sobre su facilidad para adquirirlos a buen precio en las subastas, se hacía pasar a veces por secretario judicial, e informaba a Pedro de los bienes que iban a salir a subasta en los diferentes juzgados".

El imputado José Antonio M. "realizó tareas similares" a las de Antonio Jesús, mientras que Antonio C., "con ánimo de ilícito beneficio y de acuerdo con el resto de acusados, intervino sólo en un hecho, haciéndose pasar por propietario de uno de los inmuebles que se vendían".