El PSOE y el PP han unido esfuerzos para tratar de que la Junta Electoral Central haga una interpretación permisiva de la prohibición de la precampaña que ellos mismos impulsaron. Su objetivo es que deje organizar actos de visita a obras públicas para compensar el fin de las inauguraciones oficiales y que se puedan pegar carteles o publicar anuncios si son para informar de la celebración de mítines. Los otros dos firmantes de la reforma electoral publicada en enero, CiU y PNV, se han negado a secundar esta estrategia.

La nueva redacción de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en vigor desde finales de enero, establece que desde la convocatoria de unas elecciones hasta el inicio legal de la campaña, "queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior".

En su momento, cuando la reforma de la LOREG se debatía en el Congreso, el PSOE y el PP destacaron que este acuerdo suponía en la práctica suprimir la precampaña, limitando la publicidad política a los 15 días de campaña electoral.

A ello se añadió otro nuevo artículo imponiendo la prohibición en precampaña tanto de las campañas institucionales para publicitar logros de gestión como de los actos de inauguración de obras o servicios públicos.

A

Dos semanas de su aplicación

Estas nuevas medidas habrán de aplicarse por primera vez a partir del 29 de marzo, que es cuando se espera la publicación del decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo.

En ese contexto, el PSOE y el PP han preparado un escrito para que la Junta Electoral Central aclare algunas cuestiones prácticas ante la inminente aplicación de la reforma electoral. Eso sí, en su documento, al que tuvo acceso Europa Press, los dos grandes partidos ofrecen una interpretación flexible y permisiva de esos artículos.

Así, cuando la ley habla de prohibir carteles de partidos, PSOE y PP quieren que se exceptúen aquellos que informen de la celebración de actos políticos. De igual forma, se pretende vía libre para anuncios en radio o prensa que se limiten a la convocatoria de actos.

Y donde la reforma prohíbe expresamente los actos de inauguración, los partidos mayoritarios abogan por permitir, "como actos de gestión ordinaria de gobierno, las visitas a obras, la información de proyectos o de fases de proyectos".

Además, quieren dejar claro que se entenderá permitido aquello que no esté expresamente prohibido por la ley. En ese sentido, abogan por 'indultar' de la prohibición de propaganda el envío de correos electrónicos y de mensajes telefónicos, la distribución de folletos a pie de calle, y mantener páginas web, canales de vídeo de Internet, blogs y presencia en redes sociales, siempre y cuando no se pida el voto.

Ya están vulnerando el espíritu de la nueva ley

El escrito se ofreció a CiU y PNV, los otros dos partidos que firmaron la reforma global de la Ley Electoral, pero los nacionalistas se negaron alegando que supondría desnaturalizar la nueva redacción de la ley. De hecho, estas dos formaciones barajan plantear su propia consulta ante la Junta Electoral con la esperanza de que el organismo arbitral defienda la literalidad de la norma.

Y es que, tanto CiU como el PNV, consideran que los dos grandes partidos ya están vulnerando la filosofía de la nueva LOREG. "Hicimos esta ley para delimitar claramente entre precampaña y campaña electoral, pero su contenido y su espíritu queda absolutamente vulnerado por la intención del PSOE y del PP de continuar como si esta legislación no existiese", sostienen los ponentes de CiU, Jordi Xuclà, y el PNV, Aitor Esteban en la reforma de la LOREG.

En declaraciones a Europa Press, ambos se quejan de que "ni siquiera se han convocado las elecciones y algunos partidos ya se están reservando espacios en medios de comunicación y haciendo campaña" y culpan a PSOE y PP de incurrir en "un fraude al espíritu" de lo que se quería modificar con la ley aprobada hace tan solo dos meses.

También la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha mostrado su malestar con PSOE y PP, a los que acusa de haber adelantado la precampaña en la práctica para salvar las prohibiciones que la nueva ley impone en ese periodo. "Hecha la ley, hecha la trampa", ha lamentado Díez, que votó en contra de la reforma de la LOREG.

La jec se pronunciará en breve

La última palabra la tendrá la Junta Electoral Central, que en una resolución de esta misma semana ya ha señalado que la prohibición de actos de precampaña "debe entenderse en el sentido de que no cabe durante el período electoral contratar espacios o soportes de cualquier índole para realizar publicidad o propaganda electoral, sin que dicha actuación pueda justificarse por el ejercicio de las actividades ordinarias propias de partidos, coaliciones o federaciones".

El organismo arbitral deja claro que esta prohibición de propaganda y de inauguraciones no impide a los partidos políticos seguir desarrollando sus actividades habituales "en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente reconocidas".

Asimismo, recuerda que la Junta no se encargará de la concesión de autorización previa de actos institucionales o de formaciones políticas, sino que deben mediar reclamaciones o recursos para su intervención.