La Junta de Andalucía adeuda a las empresas constructoras de Málaga más de 160 millones de euros, originados principalmente en los dos últimos años, lo que, unido a la "drástica" caída de la inversión por esta Administración, provocará la aparición de unos 5.000 nuevos desempleados en la provincia durante este ejercicio.

En concreto, 3.500 serán puestos de trabajo que se destruirán en el sector de la construcción y el resto corresponderá a empleos inducidos en otros sectores productivos, según ha explicado este jueves el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), José Prado, quien ha indicado que son unas 150 las obras afectadas en la provincia.

Entre ellas, se encuentran carreteras, colegios o estaciones depuradoras, las cuales son llevadas a cabo por pequeñas y medianas empresas (pymes), que, si no disponen del presupuesto acordado con la Administración, no pueden hacer frente a la ejecución de estos trabajos.

Ante esta situación, una de las vías que podrían adoptar las empresas sería iniciar un proceso contencioso-administrativo. Sin embargo, Prado ha explicado que esto perjudicaría más a las firmas, ya que, durante el tiempo que durase el proceso, las firmas se tendrían que autofinanciar, sin contar para ello con los recursos suficiente, por lo que, el resultado sería la desaparición de las mismas. "Obligar a las empresas a ir a un contencioso significaría el suicidio colectivo", ha apostillado.

La deuda "millonaria" que el Ejecutivo autonómico tiene contraída con los asociados de la ACP en la provincia supone "más del doble" de la inversión total de la Junta en Málaga en el año 2010, cuando fue de aproximadamente 70 millones de euros, han indicado desde la ACP, al tiempo que han señalado que "este déficit aumenta cada día en la provincia en unos 200.000 euros".

Al respecto, han recordado que la Junta ha ido disminuyendo las licitaciones para la provincia malagueña en los últimos tres años, pues, mientras que en 2008 se licitó 653 millones de euros, en 2009 descendió hasta 177 millones y en 2010, a 70 millones.

"No solo ha ido bajando las licitaciones, sino que además no paga desde 2008", ha apostillado Prado, subrayando que a ello se suma la reducción de inversión pública por parte de la Junta, constatada en una disminución del 60 por ciento en el primer trimestre de 2011 con respecto al mismo periodo del año anterior.

Política "del avestruz"

El Gobierno andaluz ha contabilizado esta deuda en un cantidad distinta a la de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, debido, según ha concretado Prado, a la existencia de certificaciones de las empresas constructoras que la Administración regional aún no ha aceptado, las cuales "se encuentran metida en algún armario o cajón y, por lo tanto, no las contabilizan como deuda".

"Se trata de la política del avestruz, si escondo la cabeza no veo el problema y éste desaparece, y sino firmo las certificaciones de obras realizadas por las constructoras, no aumento el déficit anual", ha expresado el presidente de la ACP de Málaga, incidiendo en que esto "puede originar la ruina de nuestras empresas y que el desempleo en Málaga y su provincia aumente".

A todo ello, se une el incumplimiento de la Ley de Morosidad, que "sí se le está exigiendo a las empresas", ha aseverado, al tiempo que ha trasladado "la desconfianza" que los empresarios tienen en los poderes autonómicos, los cuales son "incapaces de dar solución a problemas que ellos mismos han originado".

"El sector está perplejo ante la irresponsable gestión de los fondos públicos por parte de la Administración autonómica, que es capaz de licitar obras e incapaz de hacer frente al pago de las mismas una vez ejecutadas", ha matizado Prado, quien se ha preguntado que "dónde está el dinero presupuestado".

Ante tal situación, ha aseverado que "consideramos que ha llegado el momento de pedir responsabilidades a aquellos que, con su mala gestión y dejadez, intencionada o no, están provocando un desastre de tal envergadura en nuestra economía provincial y regional". EXIGENCIAS

Los empresarios han exigido al Ejecutivo regional la implantación de un sistema que permita documentar las deudas y conocer en cada momento su nivel de endeudamiento, así como la puesta en marcha "inmediata" de un plan de pagos que dé una solución a las empresas.

También han instado a la Junta a que se lleve a cabo un control "exhaustivo" del gasto público para fomentar la inversión productiva, que garantice la sostenibilidad de las empresas y de los empleos; y la implantación de un sistema "eficaz", que permita compensar las deudas fiscales que las empresas generen anualmente —impuesto de sociedades, IVA, etcétera— con las cantidades que las distintas administraciones les adeudan.