Los socialistas gallegos han llevado a la Cámara autonómica la promesa de la que hicieron bandera durante la campaña electoral: la creación de un nuevo impuesto, esta vez sobre la banca, dentro de un paquete fiscal concebido para que "paguen más los que más tienen".

De hecho, su proposición de ley, ya en el Pazo do Hórreo, fija un gravamen de hasta el 0,6 por ciento sobre el valor total de los depósitos de los clientes, pero impide que su coste pueda "repercutir en terceros".

Según su propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tipo oscilaría entre el 0,37 por ciento para un valor inferior a los 150 millones de euros y el 0,6 por ciento, para el caso de que la entidad financiera cuente con depósitos por más de 750 millones de euros.

De este modo, las entidades situadas en el primer tramo cotizarían hasta 555.000 euros y esta cantidad podría elevarse hasta superar los 3,5 millones de euros en caso de que cuenten con, al menos, 750 millones de euros en depósitos.

De su pago estarían exentas las "entidades de regulación monetaria", esto es, el Banco de España y el Banco Central Europeo; además de los institutos de crédito oficiales dependientes del sector público, las secciones de crédito de las cooperativas y el Banco Europeo de Inversiones.

DEDUCCIONES

Junto con ello, la norma que pretende impulsar el PSdeG a fin de "lograr nuevos recursos para la hacienda gallega" con "equidad" y "progresividad" establece deducciones para las entidades cuya sede central esté en Galicia y en función del número de sucursales que tengan en esta comunidad.

A mayores, considera objeto de deducción las inversiones declaradas de utilidad pública que se concierten con la propia administración pública y la obra social de las fundaciones especiales formadas por las extintas cajas de ahorros gallegas y el Fondo de Formación y Promoción de las Cooperativas de Crédito.

SANCIONES

El último capítulo de su propuesta normativa está dedicado a las infracciones, que, a juicio de los socialistas, se centran en la "deslocalización" de este tributo y en su "repercusión a terceros".

Y, a la hora de definir la sanción, se tendrán en cuenta las cuantías económicas deslocalizadas o repercutidas, además de la reiteración de esas conductas.

"reforzar" los servicios públicos

A lo largo de 13 artículos y seis disposiciones, los socialistas proponen la creación de este impuesto para contribuir a "equilibrar" los presupuestos gallegos y, así, "reforzar" la financiación de los servicios públicos y "facilitar" la reducción del déficit público.

Y es que, en campaña electoral, el candidato del PSdeG, Pachi Vázquez, había cifrado la recaudación por este tributo, ya en vigor en comunidades como Extremadura y Andalucía, en 52 millones de euros.

Sin embargo, en el último Debate sobre el Estado de la Autonomía, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, rechazó esta propuesta e incluso planteó una rebaja "selectiva" de otros tres tributos —IRPF, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y el de Transmisiones Patrimoniales—.