Las federaciones de servicios públicos de CCOO y UGT consideran que la propuesta de Expediente de Regulación de Empleo presentado por el ayuntamiento de Alboraya no tiene "amparo legal" y supone una "privatización encubierta", al tiempo que pondrá "en jaque los servicios que se prestan a la ciudadanía".

El secretario general de esta sección sindical de CCOO, Juan Cruz, ha indicado en rueda de prensa que el ERE, que afecta a 29 trabajadores, "no tiene amparo legal alguno" y que los problemas económicos del ayuntamiento no obedecen a la crisis económica, sino a la "actuación negligente" de los responsables de la gestión.

En este sentido, ha criticado que quieren resolver esta "mala gestión" por el "camino más fácil y cómodo", y que "pague" esta situación el personal laboral.

Actualmente, el proceso se encuentra en periodo de consultas, que tiene un plazo máximo de un mes, y a partir de entonces, deber decidir la autoridad laboral. Los sindicatos, ha indicado Cruz, se han ofrecido a analizar conjuntamente con los responsables del ayuntamiento las partidas en las que se podría recortar gastos, pero sin que se produzcan despidos.

Igualmente, ha reclamado a la Generalitat que dote económicamente el fondo destinado a compensar los servicios que los ayuntamientos realizan y no son de su competencia.

Por su parte, el secretario de la FSP de UGT, Luis Lozano, se ha mostrado convencido de que tras las elecciones municipales del próximo mes de mayo, muchos ayuntamientos "pueden caer en la tentación de resolver su pésima gestión" vía ERE.

Paralelamente, ha reclamado a la Delegación del Gobierno que esté vigilante con esta cuestión como lo está con los convenios colectivos municipales, ha dicho, y ha acusado al director general de Trabajo, Román Ceballos, de ser "cómplice" del alcalde de Alboraya.

También ha acusado al consistorio de "negociar con mala fe", puesto que ya han anunciado las personas afectadas por esta medida y la cuantía de las indemnizaciones que les corresponderían, en caso de ser aprobado.

La plantilla del consistorio, según han manifestado los sindicatos, ha pasado de 178 a 59 empleados, y el ayuntamiento ha gastado en indemnizaciones en 2008 y 2009 un total de 300.000 euros, a los que se sumarán los 240.000 euros previstos para indemnizaciones por el ERE, además de lo que han invertido en tres consultoras.

Los sindicatos han convocado para hoy una manifestación en la localidad y el día 7 realizarán una concentración ante la dirección general de trabajo para solicitar queno se autorice el ERE.