El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía prevé aprobar este martes la interposición de tres recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) contra distintas normativas estatales, entre ellas, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Así se recoge en el orden del día del Consejo de Gobierno publicado en la página web de la Junta de Andalucía y consultado por Europa Press. Los otros dos recursos se presentan contra diversos preceptos de la Ley de garantía de la unidad de mercado, y contra la Ley de control de la deuda comercial en el sector público.

Con estos tres serían ya cuatro los recursos de inconstitucionalidad contra normativas estatales que presenta el Ejecutivo andaluz en lo que va de año, por cuanto el pasado martes decidió recurrir la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

Como ya adelantó el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, Andalucía planteará al Tribunal Constitucional que la reforma educativa que supone esa norma, cuya suspensión cautelar solicitará, atenta contra los derechos constitucionales e incurre en invasiones competenciales, además de considerar que "hace prevalecer la moral religiosa frente a los valores cívicos", es "mercantilista, técnicamente deficiente, con un calendario de difícil aplicación y sin financiación".

Para Alonso, la citada ley "no tiene en cuenta que somos Estado y que tenemos competencias" y ha mantenido que el recurso se presentará "más allá de diferencias ideológicas" y después de haber intentado todos los cauces posibles de diálogo con el Gobierno. "No se trata de una decisión caprichosa, sino de una obligación institucional y moral si queremos que nuestros hijos e hijas sean educados mirando al futuro con valores y libertad y no mirando al pasado", según expresó el consejero.

Luciano Alonso indicó además que lo que "realmente preocupa" es el calendario de aplicación ya que "en solo unos meses hay que poner en marcha una ley con problemas curriculares muy graves". A su juicio, es "materialmente imposible llegar a tiempo" al considerar que en solo unos meses no se puede iniciar una aplicación legislativa que implica cambios estructurales muy profundos, mientras aludió a la incertidumbre de la financiación ya que la implantación para Primaria y FP Básica costará a Andalucía 150 millones de euros anuales.