El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha cuantificado este martes en el Parlamento de Andalucía en más de 5.000 millones de euros los recursos que la comunidad autónoma ha dejado de percibir por "recortes e incumplimientos" del Gobierno central, a los que hay que añadir los 276 millones de euros que dejarán de percibir los pensionistas andaluces por decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de no revisar su poder adquisitivo en el ejercicio de 2013.

Ávila ha analizado la repercusión de los recortes del Ejecutivo central en Andalucía y ha recordado que el Gobierno ha aplicado desde su llegada, hace un año, "el mayor recorte del gasto público y aumento de impuestos de la historia de la democracia y el mayor atentado al Estado de Derecho de la historia contemporánea de España".

Se trata, ha afirmado el consejero, de una política económica que obedece a la aplicación de la consolidación fiscal hasta sus últimas consecuencias y que está sirviendo de "coartada" para modificar las reglas de juego del Estado del Bienestar español que, en buena medida, está sustentado en el ejercicio de competencias que realizan las comunidades autónomas.

En el caso de Andalucía, en 2012, el consejero ha detallado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogen una inversión regionalizable del Estado en Andalucía de 1.853 millones de euros, 1.121 menos que el ejercicio anterior, lo que supone el 14,6 por ciento del total de la inversión que realiza el Estado en las Comunidades Autónomas, 3,2 puntos por debajo del peso de la población andaluza.

Esto supone, ha añadido, que el Estado invierte en 2012 en Andalucía 409 millones de euros menos de los que les correspondería en función del segundo punto de la Disposición Adicional tercera del Estatuto de Autonomía, en el que se establece que la inversión del Estado destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del mismo para un período de siete años (2008-2014).

De este modo, ha detallado que la pérdida de inversión estatal en Andalucía en 2012 asciende a 1.530 millones de euros, por "la menor inversión y el incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera". Si a ello se añade el recorte del Fondo de Compensación Interterritorial (38 millones de euros), la pérdida total de recursos financieros del presente año asciende a 1.568 millones de euros.

En los Presupuestos Generales de 2013 se destinan a Andalucía 1.633 millones de euros de inversión regionalizable, 220 millones menos que en 2012, un 15,3 por ciento del total, 2,6 puntos por debajo del 17,9 por ciento que la población andaluza representa en España. Es decir, según ha explicado, unos 272 millones de euros menos de los que les correspondería en función de la Disposición Adicional Tercera. La pérdida de inversión del Estado se cifra, por tanto, en 492 millones de euros para el próximo ejercicio.

A la pérdida de 2012 y 2013, el consejero ha añadido los 1.504 millones de euros que fueron reconocidos por la Intervención General de la Administración del Estado como desviaciones de las inversiones ejecutadas en los ejercicios de 2008 y 2009 y a cuyo reconocimiento se niega el actual Gobierno estatal, así como las cantidades no ejecutadas de las cuentas de 2010 y 2011 que la Junta reclama al Gobierno central y que siguen pendientes de cuantificar.

El Fondo de Compensación Interterritorial también es objeto de recorte en 2013, con una dotación para Andalucía de 205 millones, 32 millones menos que el presente año, lo que, según el consejero de Economía, supone que los ajustes presupuestarios se están produciendo en detrimento de la solidaridad y la cohesión interregional.

Esta pérdida de recursos, ha indicado Ávila, "se perpetúa" en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013 con una disminución de los ingresos del sistema de financiación, pues Andalucía va a recibir 890 millones menos de los que le correspondería si recibiera la media de las Comunidades Autónomas. En 2013, por cada andaluz se recibirán 2.195,6 euros por habitante, por debajo de la media cifrada en 2.301,5 euros.

El Estado se reserva, además, para sí el rendimiento de las modificaciones normativas de carácter tributario (subida de IVA y recargo a los premios de lotería), y no se prevé ingreso alguno por la liquidación del Fondo de Competitividad, a la que Andalucía tiene derecho por tener una financiación por debajo de la media.

Del mismo modo, se van a ver "significativamente reducidas" las transferencias finalistas del Estado a la comunidad para la ejecución de programas concretos de gasto en el ámbito de sus competencias. Andalucía recibirá en 2013 por este concepto unos 540 millones de euros, un 55 por ciento menos que en 2012 (casi 1.198 millones de euros). Esta reducción supone una merma de recursos de 658 millones de euros.

Poder adquisitivo de los pensionistas

Durante su comparecencia, Ávila ha cuantificado además el impacto que tendrá en Andalucía la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de no revisar las pensiones de forma que la no recuperación del poder adquisitivo de los 1.529.318 pensionistas andaluces supondrá la pérdida de 276 millones de euros en el consumo regional, lo que supone un 0,2 por ciento del PIB.

Además de estos recortes, ha añadido Ávila, la política económica del Gobierno del PP está "coartando" las posibilidades de intervención de las comunidades autónomas en la economía, con un reparto del objetivo de déficit que supone un agravio para las Comunidades, que realizan más de la mitad del gasto total de las Administraciones y tan sólo les corresponde un 23,8 por ciento de la capacidad de endeudamiento.

En este contexto, de recesión económica en España y merma de recursos financieros, las perspectivas de crecimiento de la economía andaluza contempladas por la Junta de Andalucía para 2012 y 2013 "sólo pueden ser negativas", ha asegurado el consejero, quien ha recordado que se prevé que el PIB de Andalucía experimente tasas de crecimiento real negativas, del 1,4 por ciento y el 1,2 por ciento, respectivamente.

Para combatir esta situación, Ávila ha considerado que es "necesaria ya", una política económica que dote de mayor competitividad a los sectores tradicionales y renueve la base productiva con el impulso de nuevos sectores estratégicos y el fortalecimiento de los factores productivos que propician el crecimiento (capital humano, I+D, innovación, nuevas tecnologías, internacionalización y cultura emprendedora que impulse la inversión productiva) y que, según ha subrayado, "adquiere por completo su dimensión social cuando se sustenta en la equidad y la igualdad de oportunidades, como principio de eficiencia económica".

"Una política comprometida con aportar seguridad a las personas mediante la inversión en políticas sociales fundamentales, en Educación y Sanidad, verdaderos factores competitivos de nuestra sociedad", ha concluido el consejero.