La expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar ha solicitado este viernes el archivo de su imputación en el marco de la causa que investiga la financiación presuntamente irregular de Unió Mallorquina (UM), al defender, tal y como alegó en la declaración que el pasado miércoles prestó ante el juez, que ella no era responsable de las finanzas del partido sino de ello se hacía cargo el expresidente 'uemita' Miquel Àngel Flaquer.

Es más, mediante el escrito presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, Miquel Florit, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Munar asevera que las acusaciones del excontable de UM Álvaro Llompart, las cuales dieron pie a la Fiscalía a querellarse contra la excúpula de la formación, "carecen de toda credibilidad".

Y es que en este sentido, el letrado de la histórica líder de UM, Gabriel Garcías, asevera que las contrataciones a las que hace referencia Llompart y que están siendo investigadas en este procedimiento se realizaron durante las fechas en que ella "no era presidenta de UM ni formaba parte del Ejecutivo" del entonces presidente Francesc Antich.

Durante su comparecencia ante el magistrado, Munar aseguró que "nunca" ha tenido conocimiento de una supuesta entrega de dinero negro en las cuentas del desaparecido partido, cuestión de que en varias ocasiones ha aseverado "no saber nada".

De hecho, incidió en que "nunca me comentaron que se pagaban cosas en B", apostillando no haber tenido nunca "fondos del partido", como tampoco, ha recalcado, "he llevado la administración de UM ni he tenido ninguna caja".

Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio inicio a este nuevo procedimiento, a la que tuvo acceso Europa Press, los exaltos cargos, puestos de común acuerdo, exigían comisiones supuestamente de entre el 3 y el 10 por ciento del importe de los contratos adjudicados a las distintas empresas que contrataban con la Administración pública.

Unas mercantiles que se veían obligadas al pago de este dinero a cambio de las cuales obtenían garantías de que iban a ser ellas las adjudicatarias de las contrataciones. Así, los querellados, por sí mismos o "con la influencia que tenían en las administraciones por su pertenencia a UM", lograban favorecer a estas mercantiles con contrataciones.

Según el escrito del Ministerio Público, también conseguían que la Administración abonase un precio superior al de mercado para que el pago de comisiones no perjudicase a los contratistas, al tiempo que idearon la gestión de los fondos que procedían de las dádivas o contraprestaciones ilegales, destinando parte de los mismos a UM.