La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha formulado una querella contra el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina Moya (PSOE), y su concejal de Medio Ambiente, Manuela Ruiz Falcón, por la construcción de una pista junto al río Rivera de Huelva y el "vertido continuado de aguas residuales urbanas" a este mismo cauce sin la correspondiente autorización en ambos casos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), según un documento que el fiscal Javier Rufino ha elevado a los juzgados y al que ha tenido acceso Europa Press.

En el documento, fechado el 19 de noviembre, el Ministerio Público parte de los hechos denunciados por la federación sevillana de Ecologistas en Acción en cuanto al recorrido del río Rivera del Huelva por el término municipal de Guillena. Según la querella de la Fiscalía, media la "construcción reciente" de una pista que, según las diligencias practicadas por la Guardia Civil, "no se trata de una rehabilitación o adecentamiento, sino de una nueva construcción que no cuenta con autorización" de la CHG.

Además, alude la querella al "vertido continuado de aguas residuales urbanas" en el río Rivera de Huelva, concretamente 388.800 litros diarios, "sin realizar depuración previa y sin autorización" de la CHG, toda vez que el alcalde y la concejal de Urbanismo, "son garantes del cumplimiento de la normativa de medioambiente" y "han permitido este vertido continuado de tóxicos". Y es que el Ayuntamiento, según la querella, sólo goza de autorización de vertidos en un lugar "puntual" del río Galapagar con un caudal medio de 2.880 metros cúbicos al día y siempre "previa" depuración de los líquidos. La Fiscalía, entre otras cosas, reclama la "declaración judicial" de ambos querellados.

Ecologistas en Acción, a tal efecto, ha hecho un "llamamiento a todas las administraciones para que se resuelvan los problemas que asfixian desde hace décadas a éste y otros ríos", porque tanto la CHG como la Consejería de Medio Ambiente, "tienen la facultad de regenerar este espacio y, a través de sus respectivas guarderías, iniciar procedimientos penales contra los autores de delitos medioambientales".

"Lamentablemente, la acción suele limitarse a procedimientos administrativos en forma de sanciones o cánones de vertidos que no revierten, la mayoría de los casos, problemas de esta magnitud. Hay que cuestionarse si lo que se persigue es la recaudación o si en cambio se deben abordar los delitos ecológicos seriamente como es obligación", dice la organización ecologista.