El presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, ha anunciado este jueves que presentarán una denuncia ante el Tribunal de Estrasburgo con la Comisión Europea (CE) por la decisión de que los tenedores de participaciones preferentes soporten parte del coste del rescate bancario con pérdidas en sus inversiones.

En declaraciones a Europa Press, Pardos ha acusado a la CE, y en particular al Comisario de Competencia, Joaquín Almunia, de "lavarse las manos" y "montar sobre un fraude una justificación que sólo tiene por finalidad salvar a la banca con enormes créditos".

Por eso, recurrirán tanto a los juzgados de lo civil —como ya están haciendo— como a la vía penal para exigir el "resarcimiento de los daños" a las 300.000 familias que se calcula que están afectadas por preferentes o deuda subordinada, y que podrían perder casi 5.000 millones de euros, según cálculos de Adicae.

Poner a la comisión "contra las cuerdas"

Además, Adicae también pedirá amparo al Defensor del Pueblo europeo para que "ponga a la Comisión contra las cuerdas por esta decisión tan irresponsable y que abandona a su suerte a varios cientos de miles de ciudadanos".

En su estrategia también entra la convocatoria de movilizaciones, comenzando este sábado con marchas en casi todas las provincias españolas para exigir la devolución íntegra de la inversión en estos productos financieros.

"La CE y, sobre todo, el grupo económico no se han encomendado ni a dios ni al diablo para ver qué ha pasado con las preferentes en España, donde ha habido un fraude generalizado y conocido sobre todo por Almunia, que sabe lo que ha pasado aquí, que no ha pasado en ningún otro lugar de Europa. Pese a eso, la CE ha aplicado la regla de que las preferentes son capital de riesgo y que hay que atenerse a las consecuencias cuando se adquiere. Pero aquí ha habido un fraude y han hecho culpables a las víctimas", ha criticado Pardos.

Además, ha recordado que precisamente estos pequeños ahorradores han estado "capitalizando con miles de millones" a las entidades financieras durante años, y "no han tenido ninguna culpa" como para que ahora "se les imponga esta quita".