El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha atribuido a cuestiones técnicas, derivadas de la falta de una "documentación fiable", la dificultad de atender la exigencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de restituir la legalidad en el edificio de la Plaza de Zorrilla, en el que se autorizó un exceso de edificabilidad y donde, casualmente, el munícipe, que ha declarado hoy como imputado en sede judicial por obstaculizar el proyecto de ejecución, cuenta con una vivienda.

De este modo, el primer edil vallisoletano, que en un espacio de cuatro meses es la segunda vez que comparece en el Edificio de los Juzgados para declarar en calidad de imputado, la primera vez por irregularidades el en Plan General de Ordenación Urbana, ha mantenido ante el titular de Instrucción número 2, César Gil Margareto, que "la voluntad del alcalde ha sido siempre la de cumplir la sentencia, y así lo ha hecho decreto tras decreto".

En este sentido, León de la Riva, quien ha comparecido ante el juez asistido por el letrado José María Tejerina, ha explicado que si hasta la fecha han sido tres los proyectos de restitución anulados sucesivamente por el TSJCyL y actualmente se ejecuta un cuarto, que espera sea definitivo, es debido a los problemas a los que se enfrentan los técnicos municipales a la hora de saber cuál es el edificio original.

Y es que, según ha precisado en declaraciones recogidas por Europa Press, el edificio, que es de 1950, fue declarado protegido en 1997, si bien cuando se protegió no se sabía a ciencia exacta si tal protección afectaba al inmueble original o a las múltiples modificaciones realizadas en los últimos cuarenta años.

"Por ello, para los arquitectos es muy complicado determinar cuál debe ser la restitución", ha aseverado el alcalde, quien incluso, en su propósito de demostrar los obstáculos encontrados para un fiel cumplimiento de la sentencia judicial, ha desvelado que recientemente se ha descubierto que una de las partes del inmueble sobre las que pesa orden de derribo y que ya está siendo ejecutada afecta a un forjado del edificio original, datado en 1946.

En este contexto, León de la Riva, quien ha recordado además que las competencias de Urbanismo están delegadas en la concejalía correspondiente, ha reiterado que su actuación ha sido siempre la de acatamiento. "Cada vez que ha llegado una disposición de la Sala he redactado un decreto, he ordenado parar la obra—en referencia a los tres proyectos de restitución anulados—y he encargado uno nuevo conforme a lo requerido", ha concluido.

Las diligencias del presente procedimiento obedecen a la denuncia interpuesta en su día por la Asociación Cultural Ciudad Sostenible, entidad que, sin embargo, no se encuentra personada en la causa, como tampoco lo está la Federación de Asociaciones Vecinales, en este caso debido a la fianza de 40.000 euros impuesta por el juez y que ha sido recurrida.

Obstaculización al trabajo de los medios

A diferencia de la anterior ocasión en la que el alcalde, con motivo de las irregularidades en el PGOU, entró en Edificio de los Jugados en coche y por la 'puerta de atrás', esta vez ha optado por entrar por la principal, a pesar de la concentración que una treintena de personas, convocadas por la Federación de Asociaciones Vecinales, ha protagonizado en las inmediaciones portando numerosas pancartas del tipo 'Stop, no más tráfico de influencias', 'Prevaricación es corrupción' y 'No al caciquismo' y coreando al unísono la consigna "la corrupción se paga con prisión".

La toma de declaración a León de la Riva se ha visto acompañada de un inusitado despliegue policial dispuesto tanto dentro como fuera del edificio judicial, con participación de agentes de la Policía Nacional, Policía Municipal y Guardia Civil, uniformados y de paisano, junto con las restricciones impuestas por el TSJCyL al trabajo de los periodistas, que tenían terminantemente prohibido introducir cámaras y que han sido incluso amenazados con denuncias en el caso de hacer uso de ellas.

Ante tales dificultades, incluida la imposibilidad de los periodistas tomar declaración al alcalde en el vestíbulo de los juzgados, el encuentro posterior de León de la Riva con los informadores se ha trasladado a dependencias municipales.

La situación ha llevado incluso al propio decano de los abogados, Jesús Verdugo, a trasladar a los periodistas la "solidaridad" del ICAVA tras referirse al despliegue policial, incluso bastante superior a cualquiera de los montados ante juicios contra el clan de los 'Monchines', en términos de "escandaloso, desproporcionado e insólito".

De hecho, el decano de los abogados ha llegado a denunciar públicamente que hechos de este tipo demuestran que "no todos los ciudadanos son iguales, en absoluto", al tiempo que, irónico, se ha extrañado de que después de veinte años alguien se haya acordado hoy de que las actuaciones de instrucción o sumariales son secretas, "pero serán secretas las que tienen lugar en sala, a las que, obviamente, no entran los medios. Pero fuera, los periodistas tienen el derecho y deber de informar de lo que ha pasado", ha precisado.

Pero la principal anécdota la ha puesto el 'rifirrafe' protagonizado por el propio Verdugo y la responsable de Comunicación del TSJCyL, Ana García Marina, cuando esta última, desplazada de Burgos a Valladolid para velar por el fiel cumplimiento de las restricciones informativas, ha entrado en polémica con el primero por atender a los periodistas dentro del Edificio de los Juzgados.

"¡Pero, vamos a ver, va usted a darme lecciones de lo que puedo o no puedo hacer, después de 36 años de ejercicio, cuando estamos en unas instalaciones públicas. Pero cómo se te ocurre que yo no puedo atender a la prensa!", ha reprochado el máximo responsable de los abogados de Valladolid a la representante del TSJCyL.