La Fiscalía de Granada acusa a un total de 334 personas en el caso que ha investigado el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, enmarcado en la denominada 'Operación Genil', sobre un posible fraude de prestaciones y subsidios por desempleo a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ascendería a más de cinco millones de euros.

Los presuntos cabecillas de la trama, basada en un entramado de 'empresas fantasma' para cobrar prestaciones sociales, los empresarios Carlos I.A.N, Juan R.C.C., Ángel S.A, se enfrentan, junto con otros representantes de otras sociedades, en concreto Rodolfo G.P., Juan C.M.F., Manuel F.R, Jesús R.C., y María Luisa H.S. a un total de 18 años de prisión por seis delitos de fraude de subvenciones y multas de más de 2,6 millones de euros, además de a la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y a obtener beneficios o incentivos fiscales por un periodo de cuatro años, según consta en el escrito de acusación del fiscal, al que este martes ha tenido acceso Europa Press.

Al resto de los acusados, un total de 326 trabajadores contratados de manera presuntamente fraudulenta, le atribuye el Ministerio Público un delito continuado de falsedad en documento oficial, por el que cada uno de ellos se enfrenta a una condena de tres años de prisión y multa de 3.600 euros.