Representantes de la Judicatura se han reunido este lunes con el lehendakari, Patxi López, la consejera vasca de Justicia, Idoia Mendia, y la viceconsejera de Justicia, María Victoria Cinto, con quienes han tratado temas relativos a la mediación como forma de descargar a los tribunales de sus carga de trabajo y de solucionar de manera no judicial los conflictos entre los ciudadanos, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro.

Éste ha sido uno de los temas abordados en un encuentro de algo más de una hora de duración celebrado en Bilbao, con motivo de la apertura del año judicial, en el que han participado, junto con el lehendakari y la consejera y viceconsejera de Justicia, el fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsolo, los fiscales jefe de Gipuzkoa, Alava y de Bizkaia, una representante de la Asociación de fiscales, y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

En la reunión, también se ha expuesto la reclamación por parte de los jueces y fiscales de un juzgado de vigilancia penitenciaria que se ocupe del nuevo centro penitenciario de Nanclares de la Oca, el dar "mayor importancia" a las víctimas de los delitos, a través de una política judicial, por un lado, preventiva de los delitos y, por otro, reparadora de las consecuencias de los delitos.

Otro punto examinado ha sido el grado de implantación de la nueva oficina judicial y se ha planteado cómo mejorar la coordinación entre las administraciones públicas que dependen del Gobierno vasco y los tribunales y la fiscalía, así como la mejora de la aplicación del sistema de videoconferencia, con la finalidad de que los ciudadanos no tengan que desplazarse a otra ciudad para declarar en un juicio, sino que lo puedan hacer en su lugar de residencia a través del sistema de comunicación audiovisual.

En la reunión, los responsables judiciales y de la fiscalía también han transmitido su "preocupación" por el incremento de carga de trabajo que conlleva las crisis económica y sus consecuencias para los afectados en forma de despidos, impagos, morosidades e insolvencias.

Los numerosos despidos motivados por la grave situación económica suponen un incremento del trabajo de los juzgados de lo Social. Cuando hay pérdida de puestos de trabajo, también se producen un crecimiento de los impagos de los créditos de los ciudadanos, de manera que al aumentar la morosidad, crece el número de reclamaciones judiciales contra los morosos, muchos de los cuales antes han pasado por el juzgado de lo Social porque les han despedido.

Al mismo tiempo, el incremento de las insolvencias tanto empresariales como familiares han supuesto una elevación importante de la carga de trabajo de los jueces, sobre todo, en los órganos de primera instancia.