El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes, en la que es su primera reunión tras las vacaciones de verano, la prórroga del plan Prepara dirigido a los desempleados sin ingresos, que incluirá varias modificaciones. Entre ellas, la que elevará hasta 450 euros mensuales, frente a los 399 euros actuales, la ayuda para desempleados que hayan agotado sus prestaciones y que tengan a su cargo a dos miembros de la unidad familiar, además de a su cónyuge o pareja de hecho.

El Gobierno introducirá cambios que evitarán sobrecostes por la prórroga de este mecanismo de ayuda pese a la subida de 50 euros para los beneficiarios que tengan a tres familiares a su cargo, según precisó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

Asimismo, el Gobierno dará luz verde al proyecto de Ley de Flexibilización del Alquiler, más conocida como 'Ley del desahucio exprés', presentada por el Ministerio de Fomento el pasado 11 de mayo y con la que persigue "mejorar la seguridad jurídica" de arrendadores y arrendatarios.

Esta nueva ley facilitará el proceso de desahucio en caso de impago, de manera que los inquilinos que se retrasen en el pago de la renta de alquiler podrán ser desahuciados en un plazo de diez días si no presentan alegaciones ante el juez.

En la misma línea, también se facilita al arrendador la recuperación de su propiedad para usarla como vivienda habitual tras un año de contrato, con la mera notificación dos meses antes al inquilino. Además, el proyecto de ley prevé otras medidas para reforzar la seguridad jurídica de los contratos y "flexibilizar el mercado", ya que solo un 17% de los españoles vive de alquiler a pesar de que hay tres millones de viviendas vacías, según Fomento.

El Consejo de Ministros podría tratar asimismo el contenido del real decreto que reformará el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB), establecerá nuevas reglas para la venta de participaciones preferentes y regulará la Sociedad de Gestión de Activos (el conocido como "banco malo"), aunque la aprobación de esta norma se prevé que quede para el próximo viernes.

Se trataría de la tercera reforma financiera desde que el Partido Popular está en el poder. Con este cambio, el Ejecutivo pretende adaptar el Memorando de Entendimiento pactado con la UE y cerrar la reestructuración financiera, un proceso que inició el Partido Socialista en su última etapa del Gobierno y que no acaba de despejar las dudas de los mercados sobre el sistema financiero español.

En este caso, el cambio permitirá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) liquidar entidades no viables, así como requerir el cese y sustitución de gestores de bancos para evitar su deterioro.

La reforma incluye además una solución para los tenedores de participaciones preferentes o subordinadas de las entidades que han recibido ayudas públicas o han sido intervenidas, aunque los inversores tendrán que asumir una quita, ya que el canje se hará teniendo en cuenta el valor de mercado de estos productos.