El presidente de la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el caso de las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración andaluza, Ignacio García (IULV-CA), ha admitido este jueves sentir "cierta desilusión" por la decisión de los comparecientes de acogerse a su derecho a no declarar, al entender que, si bien ello constituye un "derecho inviolable", resta "eficacia" a la marcha de la comisión.

No obstante, en una rueda de prensa celebrada en el Parlamento andaluz tras finalizar la tercera jornada de comparecencias, García ha querido recordar, con la intención de explicar esta falta de respuestas, que hasta la fecha los comparecientes han coincidido en ser personas imputadas en el proceso judicial que instruye la magistrada titular del juez de Instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya, de ahí que se haya mostrado confiado en que a partir de este viernes, cuando comenzarán a declarar dirigentes y cargos públicos que no están en esa situación, se incremente el número de respuestas.

Así, ha señalado que resultaría "muy difícil de entender" que "un cargo electo" como el exconsejero andaluz de Empleo José Antonio Viera, citado a comparecer este viernes, "no colaborase con una comisión parlamentaria". "No tengo motivos para pensar que Viera se va a negar a responder a las preguntas que se le formulen", ha apuntado.

En todo caso, y a pesar de que hasta este jueves los comparecientes se hayan acogido a su derecho a no declarar, cuando "deben ser conscientes de que su obligación es informar, no eludir responsabilidades, si las tuvieren", García ha negado que la comisión esté resultando ineficaz. En ese sentido, ha atribuido "cierta eficacia", aunque no en el grado "deseable", a los primeros días de comparecencias, ya que "todos los comparecientes se han visto impelidos a responder a algunas preguntas", algo que juzga "significativo", en su opinión.

Además, el presidente de la comisión, —que se ha confesado "sorprendido y dolido" por esta actitud de los comparecientes, que "parece que no le dan la importancia que tiene a un poder básico del Estado como es el Parlamento—, se ha remitido al final de los trabajos de la misma como el momento adecuado para valorar su eficacia. Será entonces, ha defendido, con un dictamen de conclusiones aprobado y, en su caso, con "votos particulares" al mismo, cuando se pueda "medir el grado de eficacia" de la comisión.

Llama a la "racionalidad" de los partidos

En esta línea, García, tras hacer alusión a los "rifirrafes" que se han producido en el turno de preguntas de la jornada de comparecencias de este jueves, ha realizado un llamamiento a la "racionalidad" de los grupos políticos presentes en la comisión —PSOE-A, PP-A e IULV-CA—, a quienes les ha recordado que "todo el Estado tiene acceso al contenido de las comparecencias", para que no protagonicen un "espectáculo" que "sería lo que le faltaría a los representantes públicos".

Al hilo de ello, ha argumentado que "la negativa a no responder sistemáticamente formulada por los comparecientes" genera una "frustración" que "no contribuye al buen desarrollo de la comisión", si bien ha puntualizado que ya "se temía" que pudieran producirse "rifirrafes" entre los partidos presentes en la comisión, como los registrados este jueves, que en todo caso no considera "excesivos", pero que espera que "vayan a menos".

"filtraciones" del sumario judicial

Por otra parte, el presidente de la comisión parlamentaria de los ERE ha anunciado que ha encargado un informe a los servicios jurídicos de la misma para estudiar la "forma de corregir" la posible revelación de "aspectos del sumario judicial" del caso, con vistas a evitar dichas "filtraciones" —algunas de ellas, "interesadas"—, al entender que no sería "correcto ni pertinente" que algún grupo político, al estar también personado en la causa judicial, estuviera "aprovechando" esa condición para "hacer público" partes del sumario, que "si ha dejado de ser secreto no es para que sea difundido".

García ha justificado este convencimiento en "algunas preguntas" formulada por representantes políticos, que "se corresponden con un posible conocimiento del sumario que no tienen todos los miembros de la comisión ni el público en general".

En esta línea, ha insistido en recordar que la comisión que preside "se mueve exclusivamente en el campo de lo político", de forma que "tiene por objetivo investigar un caso de indudable interés público y depurar, en su caso, responsabilidades políticas, pero no penales", algo que, ha remachado, "no le corresponde" a dicha comisión.

Documentación de las ayudas de la faja pirítica

Asimismo, el presidente de la comisión también se ha referido a la documentación requerida al Gobierno central sobre las ayudas sociolaborales concedidas a los exmineros de la Faja Pirítica de Huelva, tramitadas cuando José María Aznar era jefe del Ejecutivo, y que este jueves han reclamado los representantes socialistas en la comisión.

García ha reconocido sentirse "sorprendido" de que "a estas alturas el Gobierno no haya remitido dicha documentación", algo que considera "difícil de entender", si bien ha descartado que la ausencia de dicho informe pudiera provocar la suspensión de algunas de las comparecencias previstas, al disponerse de "elementos suficientes" para la celebración de las mismas.

Por último, y en relación a la polémica suscitada este miércoles a raíz de su actuación durante la comparecencia del exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero —el único de los imputados que se encuentra actualmente en prisión por su supuesta implicación en estos hechos—, el presidente de la comisión ha aseverado que "en ningún momento fue su intención impedir una respuesta" de éste.

Además, García se ha mostrado convencido de que, "tal como puede apreciarse en el vídeo de la comparecencia", con determinados gestos, Guerrero "no se disponía a contestar, sino a dejar claro que un gesto no forma parte de una respuesta".