La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de la Comunitat Valenciana (CSI·F) ha recurrido la resolución del Gobierno valenciano de cesar a 121 trabajadores interinos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) que desarrollaban sus tareas en el apartado 'Promotores de Empleo', según consta en el recurso al que ha tenido acceso Europa Press.

El Consell nombró, a través del Real Decreto Ley 13/2010, a varios empleados públicos como personal funcionario interino en la categoría de 'Promotor de Empleo' del Servef. Sin embargo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 realizó una modificación de esta normativa autonómica cambiando el periodo de nombramiento de este personal, que acabaría el 30 de junio de este año.

En este periodo, la Administración informó al personal afectado, en una reunión del 29 de junio, de que, pese a los comentarios sobre su posible cese para el día 30, la ley no se había publicado y, por tanto, les dijo que debían acudir el 2 de julio al centro de trabajo y prestar sus servicios dentro de la más absoluta normalidad.

Ese día, el 2 de julio, el personal acudió a su trabajo y a lo largo de la mañana se les comunicó, por fax, el citado cese . En el mismo se indicaba que los efectos del mismo eran del sábado, 30 de junio, a pesar de ser comunicado el lunes, día 2.

En el cese, cuya fecha de firma era el 30 de junio, se indicaba como motivo que el puesto de trabajo se había amortizado con fecha de efectos de 1 de julio, como consecuencia de la finalización del programa de carácter temporal que motivó su creación.

Otras tareas

Al respecto, CSI·F puntualiza en su recurso que estos trabajadores, en realidad, asumían también otras funciones distintas a las de promotores de empleo ante el déficit de personal en los centros del Servef. Así, hacían tareas relativas al 'Plan Extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral', e incluso funciones y tareas estructurales del Servef que pertenecían a los funcionarios de carrera adscritos al organismo.

Asimismo, el sindicato advierte de que le constan negociaciones entre otras comunidades autónomas para que los empleados públicos 'Promotores de Empleo' que prestaban sus servicios en las mismas, siguieran haciéndolo.

Con todo, CSI·F añade que en este caso nos encontramos ante una modificación normativa —con efectos desfavorables retroactivos—, "sin ningún procedimiento administrativo y sin cobertura legal evidente" —puesto que otras autonomías han actuado de distinta forma—.

En resumen, el sindicato recurre la actuación material por vía de hecho de la Administración autonómica porque entiende que ésta ha actuado "de hecho" cesando a un colectivo, con "evidentes errores" en la resolución de cese y "obviando otras circunstancias relacionadas con el mismo —como las funciones y tareas que realmente realizaba dicho colectivo—".