El Ayuntamiento de Málaga no recibirá hasta 2017 los 11,6 millones de euros que aún están pendientes del convenio de Martiricos, por el que la inmobiliaria Espacio Medina y Unicaja podrán edificar más de 670 viviendas en las antiguas instalaciones de Citesa, así como usos comerciales, terciarios y equipamientos.

El PP ha aprobado con su mayoría absoluta en el pleno de este viernes una adenda al convenio, estableciendo así un nuevo calendario, entre 2013 y 2017, para el abono de lo que aún está pendiente según este acuerdo, firmado en 2006 y por el que las arcas municipales ingresarán 23,2 millones de euros. El equipo de gobierno ha justificado este aplazamiento aludiendo al nuevo escenario económico derivado de la situación de crisis.

"No hay condonación, sino simplemente una nueva fórmula de pago adaptada a la situación de crisis que atraviesa el país", ha explicado el delegado municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, quien ha recordado la reciente aprobación provisional en junta de gobierno local del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Martiricos. Según ha defendido, es "la mejor solución".

Eso sí, tanto Maldonado como el alcalde, Francisco de la Torre, han responsabilizado de no haber cobrado todavía la totalidad de lo acordado en este convenio urbanístico a la Junta de Andalucía, al "haber retrasado" la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que no entró en vigor hasta finales de agosto de 2011.

"Es un ejemplo de los efectos que tuvo para la ciudad el retraso caprichoso y gratuito, basado sólo en motivos políticos, para fastidiar, de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana", en palabras del regidor de Málaga.

Esta decisión no ha gustado a la oposición. Según el viceportavoz del PSOE, Carlos Hernández Pezzi, esta adenda "pervierte" el convenio. Más aún, ha dicho que lo "suplanta" y lo que se hace es "dilatar ese pago hasta la próxima legislatura".

Por su parte, la portavoz socialista, María Gámez, ha expuesto que si, inicialmente, el pago de esos 23 millones "se estableció en cuestión de meses, ahora se pasa a años", lamentando que el único objetivo del equipo de gobierno "sea salvar este convenio", que conlleva "una urbanización notable".

El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, quien ha advertido, además, de que se quieren anular dos liquidaciones, ha criticado de nuevo este convenio urbanístico y ha denunciado que "ahora que las cosas van mal los malagueños tengan que asumir las consecuencias negativas" y, más aún, que "se retrasen los pagos para que las grandes empresas lo tengan más fácil".

Al respecto, el viceportavoz de la coalición de izquierdas, Eduardo Zorrilla, ha precisado que esos pagos "dependerán ahora de hechos que no tienen una fecha cierta, como los distintos elementos urbanísticos". "No hay garantía de que se vayan a hacer esos pagos y, además, no se piden avales a la promotora que garanticen que va a pagar", ha declarado.

En cuanto a las críticas del Partido Popular a la Junta, el viceportavoz socialista ha considerado una "falacia" decir que el retraso en el pago de lo adeudado es responsabilidad del Gobierno andaluz porque lo que esta Administración hizo, en relación con el PGOU de Málaga, fue que "se cumpliera la ley".

De igual modo se ha pronunciado su homólogo de IU, quien ha opinado que "si el PGOU no fue aprobado en su momento fue por culpa del PP, que se empeñó en saltarse la barrera de la Ronda Este, entre otras cuestiones rechazadas por la Junta de Andalucía".