El Gobierno gallego rebaja un 7% el valor de mercado de inmuebles en 119 ayuntamientos

Feijóo destaca que este tipo de autoliquidaciones supone que la Administración pública se compromete a no hacer un contravalor

El Gobierno gallego ha decidido revisar a la baja para el segundo semestre del año su orden anual que regula el sistema de precios medios de mercado de los inmuebles para el 81 por ciento de la población gallega, residente en un total 119 municipios, al entender que se producirá una caída de los precios en este sector.

"Quien quiera comprar o transmitir viviendas tendrá que hacer una liquidación por impuesto un 7 por ciento inferior a lo que venía haciendo anteriormente", ha aseverado Núñez Feijóo en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha proclamado que su Gobierno actúa "con inmediatez" para consolidar un sistema que tiene "ventajas" para la administración y para los ciudadanos.

Las ventajas para la administración, ha argumentado, se traducirán en el mantenimiento de un sistema "ágil" de gestión tributaria "más eficiente y más útil" en la lucha contra el fraude fiscal. Para los ciudadanos, los beneficios se centrarán en que siguen contando "con una norma concreta para calcular sus impuestos antes de su liquidación".

"El objetivo es que nadie pague más de lo que le corresponde, es decir, que se pague lo justo en el momento de adquisición o en el momento de transmisión de una vivienda en Galicia, con una rebaja del 7 por ciento para este segundo semestre del año 2012", ha incidido.

Al tiempo, ha subrayado que no sólo, ahora que las viviendas valen menos, "se pagará menos", sino que el contribuyente contará con un instrumento preciso para conocer el valor del mercado y que le permite cumplir sus obligaciones fiscales sin que pueda haber algún tipo de sanción posterior.

Sin recurso

De este modo, todos los contribuyentes que acepten esta orden de precios orientativa tienen "la seguridad" de que no pueden tener recurso a su autoliquidación por parte de la Administración pública.

"Seguimos avanzando evitando el fraude fiscal, superamos el anterior modelo basado en tasaciones, muy costoso, que suponía dificultades para recoger posibles singularidades de determinados bienes y reducir la litigiosidad, dado que este tipo de autoliquidaciones supone que la Administración pública se compromete a no hacer un contravalor o una contraliquidación adicional", ha espetado.

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