La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha valorado este martes la reunión celebrada entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, en la que se ha abordado, entre otros asuntos, la futura distribución de competencias por parte de las administraciones locales, de manera que ha apostado por "racionalizar" dichas competencias para que éstas "redunden en el ahorro y la prestación del servicio" y con ello, "ponernos en la senda del crecimiento económico".

En declaraciones a los periodistas momentos antes de su participación en la junta directiva provincial del PP de Almería, Crespo ha defendido el principio de "una administración, una competencia", ya que se trata de una petición que va más allá de las demandas de los ayuntamientos y que exige "el propio ciudadano", según ha expresado.

Crespo, que ha descrito el ambiente de la reunión de "normal" y "cordial", ha manifestado que Valderas, que ha recibido explicaciones "someras e importantes" de Montoro, ha quedado "sorprendido" al conocer que la reforma de competencias en las administraciones locales se hará a través de una ley, lo que significa "que va a ser algo que van a poder discutir todos los grupos parlamentarios en la Cámara", de forma que confía en que salga con el apoyo "unánime" de los partidos.

Con esto, se ha referido a la "preocupación" expresada por Valderas a su salida de la reunión "porque piensa que la ley va encaminada simplemente a la supresión de los municipios", un asunto que, según ha detallado, Montoro ha "descartado taxativamente", puesto que el objetivo es la "organización de competencias".

"Las mancomunidades están saliendo muy caras a los ciudadanos", ha ejemplificado Crespo, quien las ha diferenciado de los consorcios tras incidir en que la supresión de estos entes "si está encima de la mesa" la igual que la modificación de la Ley de Bases de Regímenes Locales. Con todo esto, ha expuesto que las administraciones locales tendrán competencias "lógicas y coherentes" que obligará a reorganizar todo el mapa de competencias, lo que también afectará a las comunidades autónomas.

En cuanto al Estatuto de Autonomía, la delegada andaluza del Gobierno ha confirmado que el ministro ha explicado que "no se va a hacer nada que afecte al Estatuto" sin que se haya llegado conversar sobre la Disposición Adicional Tercera, según se ha referido. No obstante, ha reiterado que dicha disposición establece un plazo de siete años para establecer la financiación, por lo que hay que "reflexionar" a la hora de poner recursos de inconstitucionalidad.