La consejera de Educación, Mar Moreno, se ha mostrado este miércoles "convencida" de que la Junta de Andalucía, de acuerdo con la "propuesta inicial" de reducir el sueldo a los funcionarios docentes para evitar el despido de personal interino, "seguirá hasta el final" defendiendo esta idea contemplada en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio del Gobierno de la comunidad, si bien, ha señalado que "la responsabilidad en este proceso" la tiene la Consejería de Hacienda y que quiere "ser muy respetuosa con este departamento".

Después de que los sindicatos se levantaran ayer de la Mesa General de la Función Pública —donde se analizará con las organizaciones sindicales esta medida, entre otras, para que los presupuestos andaluces de 2012 se ajusten a lo establecido por el Gobierno central, que "impone" un déficit del 1,5 por ciento a las comunidades—, Moreno ha señalado que la Junta sigue haciendo un "gran esfuerzo" por salvaguardar el empleo público, así como "los dos grandes sistemas públicos, el educativo y el sanitario".

En este sentido, y tras reconocer que para la Junta es "difícil" seguir el "camino de ajuste que ha impuesto el Gobierno" central, la consejera ha pedido "comprensión" al conjunto de la sociedad y de los empleados públicos con el recorte de 777 millones de euros que el Ejecutivo autonómico tendrá que acometer en la partida presupuestaria correspondiente al capítulo I de gastos de personal.

"El plan de ajuste (de la Junta), que es obligatorio, entiendo que no puede ser bien acogido porque, evidentemente, contiene recortes y entiendo el malestar de la gente, pero confío en que sepamos distinguir muy bien que en Andalucía estamos intentando salvaguardar el empleo", ha recalcado.

Así pues, Moreno ha insistido en que "la Junta depende de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)" y que, por lo tanto, "hasta que el Gobierno de España no defina cuál es el presupuesto de la educación y de las comunidades autónomas es muy difícil pensar o decidir qué es lo que va a pasar en el sistema público andaluz".

Es por ello por lo que Moreno ha evitado pronunciarse sobre qué programas o planes educativos pueden ser prescindibles en un futuro próximo para ajustarse a las "imposiciones" del Ministerio de Educación. Los sindicatos y algunas organizaciones de enseñanza o de padres ya han señalado que podrían peligrar la gratuidad de los libros de texto o que quizás convendría eliminar las pruebas de diagnóstico o los ordenadores portátiles.

Sin embargo, la consejera prefiere no hablar aún de ninguna de estas medidas como posibles y achaca cualquier decisión que se pudiera tomar en este ámbito al Ejecutivo de la Nación. "La educación en Andalucía es una prioridad del presidente de la Junta y lo fundamental es que el Gobierno de España, que es quien tiene competencia, no deje a la educación pública caer en el vacío presupuestario", reitera no sin ofrecer al Ministerio la "colaboración" del Gobierno andaluz para "que defienda unos presupuestos de educación justos y suficientes para toda España".