El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha respondido a las críticas a la investigación que la Fiscalía hizo sobre los viajes a Marbella, Málaga, del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, diciendo que el Ministerio Público "ha hecho lo que debía hacer".

"No tiene por qué agotarse una investigación que ya no va a llevar a ninguna conclusión, puesto que está claro que los hechos no merecen reproche penal", asegura el fiscal general, que avala "por completo" la decisión del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, de archivar la denuncia del vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez contra Dívar.

Éste se mostró "decepcionado" por las escasas pesquisas, mientras que la Unión Progresista de Fiscales consideró que el archivo de la denuncia por malversación "refleja bien a las claras que los hechos denunciados no han sido en absoluto investigados, habiéndose limitado las diligencias practicadas por la Fiscalía a recabar documentación fragmentaria e incompleta".

El fiscal general, sin embargo, defiende la conclusión alcanzada a partir del análisis de la documentación aportada por el denunciante, la remitida de oficio por el propio CGPJ y la de otra complementaria solicitada por Martín Casallo: "Eso es investigar también".

"Naturalmente que hemos investigado, lo que sucede es que probablemente haya personas que piensen que podríamos haber hecho otro tipo de indagación", insiste Torres-Dulce, que añade: "Para nosotros fue suficiente. Esos hechos no son constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos".

En coherencia con esta postura, la Fiscalía se ha opuesto también a que el Tribunal Supremo admita a trámite la querella contra Dívar que, por los gastos derivados de sus viajes a Marbella cargados a los presupuestos del CGPJ, ha presentado la asociación Preeminencia del Derecho, que además del de malversación incluye los delitos de apropiación indebida o estafa.

A la espera de la decisión del Supremo, el Ministerio Público insiste en que no hay delito porque Dívar pagó parte de sus gastos y porque la normativa del órgano de los jueces no exige justificar el motivo del viaje.

"Hemos entendido y seguiremos entendiendo que no hay un hecho delictivo", señala Torres Dulce.

El fiscal general añade que "no es una crítica" al Consejo el hecho de que la Fiscalía señalara que no dejaba "de generar alguna duda" que junto a cuatro viajes que no supusieron gasto alguno para el CGPJ hubiera otros cuatro con carácter oficial "de principio a fin" y doce más en principio con ese mismo carácter, pero que se prolongaron con actividades privadas.

"No es una crítica, sino simplemente la constatación de las normas autorreguladoras que se da en el Consejo General del Poder Judicial", que no exigen justificar el motivo de los viajes y que "podrán ser entendidas mejor o peor, compartidas o no compartidas, pero que son las reglas que el propio Consejo se ha dado a estos efectos", dice.

Torres-Dulce recuerda, además, que la Intervención General del Estado dio su visto bueno a los gastos, por lo que "es difícil entender que si hay una autorregulación que se ha cumplido al respecto y una intervención que avala esa situación pueda haber una actividad contraria al tipo penal de malversación de caudales públicos".

Por último, el fiscal general elude opinar sobre la situación en la que este asunto ha colocado al CGPJ -"no voy, ni quiero, ni puedo, ni debo hacer ningún tipo de pronunciamiento", dice, y se limita a desear "la máxima estabilidad" al órgano de gobierno de los jueces.

"Estoy seguro de que el presidente y los vocales están en la tarea de transmitir esa imagen de estabilidad y transparencia para el Consejo", concluye.